El doble discurso de Rosemary Pioc Tenazoa, defensora de los estudiantes de Condorcanqui
Presencia de docente destituido genera cuestionamientos tras reunión con UNESCO en Condorcanqui (Amazonas) - Perú.
Sin embargo, lo que debía ser una jornada constructiva ha generado serios cuestionamientos, luego de conocerse que en dicho evento participó el docente Raúl Shimpukat Tuyas, quien figura con una sanción de destitución vigente por presunta violencia sexual contra una menor de edad.
El tipo de falta se enmarca en la categoría de sanción disciplinaria grave, lo que inhabilita automáticamente al docente para ejercer cualquier función pública durante cinco años, conforme a la ley.
El hecho que originó dicha sanción habría ocurrido en el año 2023, en la institución educativa pública IEPM N.º 16311, nivel Primaria, ubicada en la comunidad indígena de Bajo Pupuntas, en el distrito de Nieva. La presunta víctima sería una niña de 11 años de edad, estudiante de quinto grado. El caso se habría originado en el contexto del ejercicio docente del ahora sancionado.
A pesar de estos antecedentes graves y de conocimiento institucional, el docente Raúl Shimpukat Tuyas fue visto compartiendo espacios de confraternidad, brindis e incluso baile durante el evento con autoridades, junto a la profesora Rosemary Pioc Tenazoa, reconocida públicamente como defensora de los derechos estudiantiles en la zona durante compartir con autoridades de la UNESCO, Ministerio de Cultura, SERNANP, ente otros .
Esta situación ha generado un profundo malestar en la comunidad local, especialmente en sectores que luchan por la protección de la niñez y la erradicación de la violencia de género y sexual en espacios educativos.
Ante ello, muchas voces se han alzado con una pregunta clara:
¿Sabrán los representantes de la Unesco que el 8 de julio, en Condorcanqui, participarán en una reunión donde compartieron, bailaron y brindaron con un docente destituido por sanción vigente por presunta violencia sexual contra una menor de 12 años?
Hasta el momento, ni la UNESCO ni las autoridades locales han emitido un pronunciamiento oficial. La comunidad espera una explicación transparente y medidas claras que garantizan que estos espacios no sean escenario de impunidad ni de normalización de actos incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Al parecer habría un doble discurso.
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