Luis Chigkim Catip y el caso "San Marcelo": ¿Defensor de los estudiantes o estrategia de redención?





















En las últimas semanas, Luis Chigkim Catip ha emergido como una figura central en la denuncia de una presunta estafa que afecta a ciudadanos que no pudieron continuar estudios en el Instituto de Educación Superior Pedagógica (IESP) Privado "San Marcelo". Según las acusaciones presentadas por Chigkim, los hermanos Rosales, con la presunta colaboración del subprefecto de la provincia de Condorcanqui, Romer Orrego Ikam, habrían engañado a numerosos jóvenes al ofrecerles programas educativos sin la debida autorización del Ministerio de Educación (MINEDU).

¿Un héroe o un intento de redención?

Chigkim, quien previamente enfrentó acusaciones por un presunto atentado contra la libertad sexual de una menor, busca ahora reposicionarse públicamente como defensor de los derechos estudiantiles. Aunque en primera instancia fue absuelto, el Ministerio Público, la Procuraduría y representantes del MINEDU han apelado esta decisión, trasladando el caso a la Segunda Sala para una revisión exhaustiva. Sin embargo, su reciente activismo contra el Instituto San Marcelo ha levantado sospechas sobre una posible estrategia para limpiar su imagen y proyectarse como un defensor de la educación con miras a futuras elecciones.

El trasfondo: crisis docente y educación irregular en la Amazonía

Más allá del protagonismo de Chigkim, la confesión del Dr. Pastor Izquierdo revela una crisis aún más profunda: la alarmante escasez de docentes en la Amazonía peruana. En la provincia de Condorcanqui, la situación es crítica. Ante la falta de formación inicial docente, el IESP Privado "San Marcelo" de Lima Metropolitana intentó cubrir esta necesidad mediante sedes improvisadas en Nieva y El Cenepa. Sin embargo, esta solución terminó incurriendo en presuntas irregularidades.

Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución "no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación". Además, de acuerdo con el Reglamento de la Ley N.º 30512, prestar servicios en una sede no autorizada constituye una infracción muy grave, lo que podría acarrear sanciones administrativas y legales.

Por otro lado, el Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID, emitido el 12 de noviembre de 2024 y dirigido a Romer Orrego Ikam, responde a su solicitud de registro de los estudiantes de la sede El Cenepa, Condorcanqui - Amazonas. En dicho documento, el MINEDU establece categóricamente que:

"El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia" (MINEDU, 2024).
Como consecuencia de esta situación, los ciudadanos que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, conforme a la normativa vigente, "el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones".

La vinculación de Romer Orrego Ikam y la presunta estafa

Los denunciantes de Condorcanqui, quienes fueron captados y recibieron clases en las sedes de Nieva y El Cenepa sin la debida autorización del MINEDU, han vinculado estos hechos con el ciudadano Romer Orrego Ikam.
Según declaraciones de exestudiantes en una denuncia difundida por Radio AW de la provincia de Condorcanqui, Orrego Ikam habría intervenido en favor de la mencionada institución.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre la legalidad del funcionamiento de dichas sedes y la presunta participación de terceros en su operatividad. De confirmarse tales afirmaciones, podrían configurarse responsabilidades administrativas o incluso penales, lo que requeriría la intervención de las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar eventuales sanciones.

¿Una negociación para archivar la denuncia?


Según un video publicado en la cuenta de la red social Facebook de Luis Chigkim Catip el 10 y 11 de marzo de 2025, se escucha una voz que, según la denuncia de Chigkim, correspondería a Romer Orrego Ikam. En dicho material audiovisual, Orrego supuestamente estaría intercediendo para que un denunciante retire su denuncia o, al menos, llegue a un acuerdo con los hermanos Rosales.

De acuerdo a lo señalado por Chigkim, en el video se evidenciaría una negociación económica. El familiar de la denunciante habría solicitado 5.000 soles, pero Orrego Ikam supuestamente señalaría que es mucho y le sugiere reducir la cifra a 2.000 soles. Es decir, los hermanos Rosales tendrían que pagar esta cantidad para que el familiar de la denunciante haga de intermediario y por fin retire o cese en sus pretensiones de realizar la denuncia por presunta estafa contra los cuidados mencionados. 



Adicional, al video presentado por Chigkim, se muestra un acta en la que habrían participado la policía, las rondas campesinas y otros actores convocados por el propio Luis Chigkim Catip para dar fe y realizar la denuncia en contra del funcionario público. Esto abre nuevas preguntas: ¿Cuál es la verdadera intención de Chigkim con esta exposición? ¿Qué busca ganar con estas revelaciones?

¿Un movimiento político en marcha?

Dado el contexto, algunos observadores han comenzado a interpretar la figura de Romer Orrego Ikam como una posible ficha política para las próximas elecciones. En este escenario, se especula que Orrego podría ser el candidato del actual alcalde de Condorcanqui, Hermógenes Lozano Trigoso.

Los movimientos recientes en Condorcanqui sugieren que las piezas políticas están en movimiento y que detrás de las denuncias y exposiciones mediáticas podría haber una estrategia para reconfigurar el poder local.

Estimados lectores, será clave estar atentos a los próximos acontecimientos. ¿Estamos ante un verdadero acto de justicia o ante una maniobra política con miras a futuras elecciones? Lo cierto es que las denuncias, los audios y las vinculaciones presentadas dejan muchas interrogantes que solo el tiempo y las investigaciones podrán responder.

Conclusión: Un caso con implicaciones políticas y educativas.

En este contexto, la intervención de Luis Chigkim Catip abre un nuevo capítulo. ¿Es un verdadero defensor de los derechos estudiantiles o busca construir una nueva imagen política para futuras elecciones? La respuesta a esta pregunta dependerá de los resultados de las investigaciones en curso y del desenlace del caso en el que él mismo se encuentra inmerso. 


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