¡ROSEMARY PIOC TENAZOA, LE MINTIÓ AL PAÍS!
En marzo de 2022, un incidente aparentemente aislado en la UGEL Condorcanqui, región Amazonas, comenzó a develar una compleja red de irregularidades administrativas y posible abuso de poder. El caso, que involucra a la subprefecta Rosemary Pioc Tenazoa y al entonces director de la UGEL Condorcanqui, Hugo Wipio Paucai, pone en evidencia un patrón preocupante de presunta discriminación y obstaculización de la justicia administrativa. Con la RD 1066-2024-IN del Ministerio del Interior firmada por el Ministro Juan José Santiváñez Antúnez el 16 de agosto se resolvió absolver a la señora Rosmery Pioc Tenazoa de los cargos imputados.
Es importante señalar que el expediente existió. Sin embargo, no se habría citado a ambas partes para desarrollar el procedimiento, lo que impidió el otorgamiento de garantías personales.
Según consta en el documento firmado por la funcionaria el 19 de julio de 2022, únicamente se citó a Hugo Wipio Paucai para el procedimiento de otorgamiento de garantías solicitado por el ciudadano Leonardo Serrano Zapata. Si bien se desconoce si dicha audiencia se llevó a cabo, los hechos documentados son verificables.
Según la solicitud de garantías presentada, habría recibido amenazas por parte del funcionario por haber denunciado que su gestión; Edgardo Aushuqui y compañía, aliados de Rosemary Pioc, impidieran el ingreso de los docentes a la UGE los días 16, 17 y 18 de enero del 2022. Gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación, se logró que algunos docentes participaran en el concurso público de Contrato Docente 2022."
Además, en mayo del mismo año, Rosemary intervino y evitó que Óscar Arévalo Torres asumiera el cargo de director de la UGEL Condorcanqui, con el fin de garantizar la continuidad del profesor Wipio.
La situación se torna aún más preocupante al considerar que Wipio Paucai dispuso la presencia de un vigilante en la subprefectura de Condorcanqui en mayo del 2022, lo que sugiere un nivel inquietante de interferencia entre instituciones públicas. Este hecho, sumado a la desaparición de documentos clave en el proceso disciplinario, revela un patrón de comportamiento que parece diseñado para proteger a ciertos funcionarios de la rendición de cuentas y obstaculizar la justicia administrativa.
El caso de Rosemary Pioc Tenazoa ha evidenciado serias deficiencias en el sistema de control y rendición de cuentas. Ella le mintió al país y se presentó como una justiciera, la posverdad se cae. La exsubprefecta, quien enfrentaba un proceso disciplinario por no otorgar garantías personales a un ciudadano en 2022, evadió sanciones debido a la supuesta pérdida de documentos en la Subprefectura de Condorcanqui.
La funcionaria María Clarivel Huamán Jintach, quién fue condenada a 4 años de prisión suspendida, reportó no haber encontrado el expediente de solicitud de garantías personales del ciudadano. Lo cuestionable es que, pese a que el Ministerio del Interior contaba con una copia de la denuncia, no realizó acciones administrativas adicionales, como solicitar los documentos originales al denunciante para garantizar el debido proceso.
El 1 de marzo de 2022, el docente Leonardo Serrano Zapata, presentó su solicitud de garantías personales ante el despacho de la subprefecta Rosemary Pioc Tenazoa; marca un punto crítico en esta historia de aparente encubrimiento institucional. Las palabras intimidantes que el funcionario habría dirigido al denunciante, junto con la posterior inacción de las autoridades y la pérdida de documentación crucial, ejemplifican cómo las estructuras de poder pueden ser utilizadas para silenciar denuncias y perpetuar prácticas cuestionables en la administración pública regional.
El caso se originó cuando el denunciante solicitó garantías de protección tras recibir amenazas del entonces director de la UGEL Condorcanqui, Hugo Wipio Paucai, después de haberse opuesto a presuntos actos de discriminación durante el proceso de contrato docente en dicha institución.
1.3. Denuncias no fueron atendidas según procedimiento y plazos establecidos. 1.4.- Directores de la UGEL iniciaron PAD inobservando la normativa aplicable. 1.5. Omisión de comunicación al ministerio público y medidas de separación preventiva."
Uno de los nombres que resuena con fuerza en este entramado es el de Rosemary Pioc, una figura que, a pesar de las graves denuncias en su contra, sigue siendo objeto de maniobras que buscan evitar que rinda cuentas.
Queda claro, a confesión de parte relevo de prueba, que el entonces Director de la UGEL Condorcanqui, Hugo Wipio Paucai, incurrió en una contradicción durante sus declaraciones del 17 de febrero del 2022. Si bien en español negó la existencia de discriminación por parte de su personal para permitir el ingreso a la UGEL, minutos después, al expresarse en idioma Awajún, manifestaría: 'se les pregunta de dónde vienen, si vienen de acá de Nieva se les admite y pide que ingresen, pero si son de Imaza se les pide que se detengan y no se admite que ingresen, y es ello lo que les están diciendo'. Con esta declaración, admitió haber ordenado a sus trabajadores restringir el acceso a la entidad pública, y permitir exclusivamente a personas provenientes de NIEVA (Condorcanqui), lugar donde se ubica la sede de la UGEL CONDORCANQUI, discriminando a quienes procedían de otras localidades.
En el vídeo se aprecia como el 24 febrero de 2022, Edgardo Aushuqui Taqui reconoce públicamente que la elección de Hugo Wipio Paucai como Director de la UGEL Condorcanqui se realizó de forma irregular y fuera del marco legal. Sin embargo, en junio del mismo año, Aushuqui Taqui, quien fue compañero de lucha de Rosemary Pioc, volvió a estar involucrado en la toma de la UGEL Condorcanqui para exigir la continuidad de Wipio Paucai en la gestión.
EL JUEGO SUCIO DE LA BUROCRACIA
EL JUEGO SUCIO DE LA BUROCRACIA
Uno de los mecanismos más utilizados para frenar investigaciones y proteger a ciertos personajes es la manipulación de documentos y expedientes. En este caso, el extravío de información clave y la falta de respuestas claras por parte de las entidades encargadas solo refuerzan la sospecha de un encubrimiento sistemático.
El reciente caso de desaparición de documentos en la Subprefectura Provincial de Condorcanqui, que afecta directamente a denuncias vinculadas a Pioc, es un ejemplo alarmante de esta práctica. Pese a la existencia de cargos de recepción firmados, la entidad insiste en que los archivos “no fueron encontrados”, una excusa que ya no sorprende, pero que sigue siendo inaceptable en un sistema que debería garantizar la rendición de cuentas.
La desaparición de documentos en la Subprefectura Provincial constituye, prima facie, una posible vulneración del deber de custodia documental establecido en la normativa administrativa vigente. La existencia de cargos de recepción firmados genera indicios de responsabilidad administrativa y potencialmente penal, configurándose posiblemente el tipo penal de ocultamiento de documentos públicos.
Lo dispuesto por el Ministerio del Interior iría en contra del:A. Principio de razonabilidad (Ley N° 27444, Art. 6.1)
El argumento de que “se ha realizado una búsqueda minuciosa” es una afirmación subjetiva y genérica, sin elementos que permitan verificar su veracidad. No basta con decir que se buscó, sino que debe demostrarse cómo y dónde se hizo la búsqueda.B. Motivación del acto administrativo. El acto administrativo debe estar debidamente motivado conforme al artículo 6 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que los actos administrativos deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho que los sustentan.- Fundamentación fáctica: La RD menciona que la investigada no habría dispuesto acciones oportunas para derivar una solicitud de garantías personales. Sin embargo, también se reconoce la falta de pruebas documentales concluyentes.
- Fundamentación jurídica: Se basa en la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil), el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM (Reglamento de la Ley del Servicio Civil) y la Ley N° 27815 (Código de Ética de la Función Pública).
¿Hasta cuándo la impunidad?
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Toma de la Ugel Condorcanqui, en diciembre del 2021. Liderados por Rosemary Pioc Tenazoa, Juan Mendoza y entre otros actores sociales.
En diciembre de 2021, se tomó el local de la UGEL Condorcanqui con el objetivo de presionar a la Dirección Regional de Educación de Amazonas para que realizara la elección del director mediante votación.
Como se muestra a continuación, el señor Juan Mendoza y Rosemary Pioc, entonces subprefecta, actuaron como moderadores en la realización de este procedimiento irregular, el 11 de enero del 2022, designada por Pedro Castillo Terrones, participó activamente en la elección de Hugo Wipio Paucai como director de la UGEL Condorcanqui.
La entonces subprefecta de la provincia de Condorcanqui protagonizó un incidente controvertido al involucrarse directamente en el proceso de designación del nuevo director de la UGEL Condorcanqui. Las imágenes captadas en video muestran su participación en lo que aparentaba ser una elección popular, contraviniendo los procedimientos oficiales establecidos por el Ministerio de Educación para la designación de directores de UGEL.
Esta irregular intervención evidencia una clara transgresión de los protocolos administrativos, ya que la designación de directores de UGEL debe seguir una normativa específica del sector educación y no puede ser sometida a mecanismos de elección popular o a la interferencia de autoridades ajenas al sector.
Se observa, en una transmisión en vivo en la plataforma Facebook.com, a Rosemary Pioc Tenazoa, quien al 11 de enero ya ejercía funciones como Sub prefecta, levantando el puño mientras exclama '¡Por Hugo!' e invita a los presentes a votar por su candidato, Hugo Wipio Paucai en una improvisada e ilegal elección que lamentablemente fue avalada por el entonces Director de la Dirección Regional de Educación, quién no dudó en hacer entrega públicamente del Resolución Directoral para dar inicio a una de las gestiones más controversiales que terminaría con la destitución meses después por acosar a su secretaria. Pero Rosemary Pioc nunca se pronunció en defensa de la señorita acosada por su entonces jefe.
Lo que no le contó al país la señora Pioc es que ella apoyó al entonces candidato a pesar de que en 2019, la Contraloría General de la República lo encontró responsable, junto a otros 21 funcionarios, de faltas administrativas y penales, según el Informe 734-2019-CG/GRAM sobre procesos administrativos disciplinarios para docentes en la UGEL Condorcanqui y UGEL Ibir-Imaza.
El informe señala las siguientes observaciones:"1. Incumplimiento en la ejecución de las acciones
administrativas dentro de los plazos establecidos para los procesos
administrativos disciplinarios contra docentes denunciados por presunta
vulneración de la libertad sexual en agravio de escolares, generó prescripción
de los procesos y falta de sanción a los responsables. 1.2. Designación de las comisiones permanentes
inobservando la normativa aplicable ocasionó el incumplimiento de sus
funciones".
A pesar de que sabía que durante la gestión de Hugo Wipio no se garantizaron los procesos contra docentes por presunta vulneración de la libertad sexual en agravio de escolares —lo que generó prescripción de los procesos y falta de sanción a los responsables—, no dudó en apoyarlo y recibir apoyo irregular de parte de la UGEL Condorcanqui, incluyendo la asignación de un vigilante para su despacho. Resulta conveniente que justo cuando se queda sin trabajo por abandono de cargo (diciembre 2023), despierte en ella un supuesto espíritu de protección hacia los menores. Es cuestionable la veracidad de sus declaraciones, incluso las cifras mostradas en El Comercio carecen de exactitud, pues no se especifica la metodología aplicada para recoger la información. Toda encuesta y recojo de información debe contar con una ficha técnica que respalde los datos presentados; sin embargo, en este caso solo se muestran números y cuadros sin el debido sustento metodológico.
La intervención de la entonces subprefecta en el proceso de designación del director de UGEL constituye una grave irregularidad administrativa que afecta la institucionalidad del sector educación y que merece un pronunciamiento por los hechos ocurridos en el 2022 con el aval de la Dirección Regional de Educación de Amazonas.
Antes de la destitución del funcionario por acosar a su secretaria, y luego de un cambio en la administración de la Dirección Regional de Educación Amazonas, la hoy defensora de los niños y niñas de la Amazonía respaldó la marcha a favor de docentes durante la gestión del mencionado Director de la Ugel en oposición a la designación de la primera mujer awajún al frente de la gestión, la docente Norma Zegarra Bautista. A diferencia de Hugo Wipio, la docente cumplía (V Escala Magisterial, dominio avanzado de la lengua awajún), no fue elegida por voto popular, cumplió con todos los requisitos para ser Directora de la Ugel Condorcanqui.
Si algo ha quedado claro en este conflicto es que la lucha no es por la legalidad ni la justicia, sino por la protección de ciertos intereses. La pregunta que queda en el aire es: ¿quiénes están detrás de este blindaje? Y más importante aún: ¿qué están dispuestos a hacer para mantener a salvo a Pioc y a otros personajes de su círculo?
Mientras tanto, en la gestión de Silvia Samaniego Gutiérrez continúa sin conformarse el CEPADD para el año 2025 debido a la falta de un integrante. Sin embargo, Pioc no se pronuncia con la misma energía sobre esta situación. ¿La razón? Ambas fueron cercanas durante el proceso de contratación docente UGEL 2022, donde se presentaron casos de discriminación, periodo en el que Samaniego se desempeñaba como jefa de Personal.
Lo que está en juego no es solo la reputación de una funcionaria, sino la credibilidad de las instituciones que deberían velar por la transparencia y la justicia. Si la ciudadanía no exige respuestas claras y contundentes, estas prácticas seguirán siendo la norma, y la impunidad seguirá siendo el sello de la administración pública.
La historia nos ha enseñado que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La pregunta es: ¿será demasiado tarde cuando finalmente lo haga?
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Las instituciones de derechos humanos que la acompañan en cada evento que promueven desconocen su pasado o prefieren no referirse a él. No nos sorprende que incluso las congresistas Flor Pablo y Mery Infantes la protejan y la lleven a diversos eventos en el país. ¿Qué se esconde tras la batalla de intereses?
En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de enfrentamientos institucionales que, en apariencia, responderían a disputas por la gestión de recursos y el control de cargos clave. Sin embargo, cuando se escarba un poco más, queda claro que estas pugnas tienen un objetivo más específico: evitar que las investigaciones lleguen hasta quienes realmente deben ser sancionados.Rosemary Pioc, cuya gestión ha estado rodeada de denuncias y cuestionamientos, parece gozar de un blindaje político que la mantiene a salvo.
Las irregularidades bajo su administración han sido objeto de informes y reclamos ciudadanos, pero cada intento por esclarecer su situación se encuentra con un obstáculo: la propia estructura de poder que, en lugar de permitir la transparencia, se convierte en una muralla de encubrimiento.
DEFENSORA A MEDIAS.
Durante muchas protestas y manifestaciones se le ha visto protagonizar a la ciudadana Rosemary Pioc Tenazoa, como la recordada toma de la Ugel en el julio 2019, en la que ella enérgicamente solicitaba un Director de la Ugel Condorcanqui que sea Awajún.
DEFENSORA A MEDIAS.
Durante muchas protestas y manifestaciones se le ha visto protagonizar a la ciudadana Rosemary Pioc Tenazoa, como la recordada toma de la Ugel en el julio 2019, en la que ella enérgicamente solicitaba un Director de la Ugel Condorcanqui que sea Awajún.
Las críticas también han señalado que algunas de sus manifestaciones, incluyendo la toma de la UGEL en julio de 2019, podrían haber estado motivadas por intereses particulares más que por una genuina preocupación por el bienestar de la comunidad Awajún. Detractores argumentan que estas acciones de protesta coincidían estratégicamente con momentos de asignación de recursos y contratos en el sector educativo.
Toma de la Ugel Condorcanqui, en diciembre del 2021. Liderados por Rosemary Pioc Tenazoa, Juan Mendoza y entre otros actores sociales.
Durante su gestión como Sub Prefecta de la Provincia de Condorcanqui en 2022, Rosemary Pioc Tenazoa, quien ahora intenta deslindar del gobierno de Pedro Castillo a pesar de haber sido su representante, mantuvo un silencio cuestionable frente a graves problemáticas en Condorcanqui. Particularmente preocupante fue su inacción ante los casos de violencia sexual contra menores, sin que existan registros de oficios o documentos que evidencien gestiones ante las instituciones pertinentes. En su lugar, aparentemente dedicó sus esfuerzos a defender la posición de su allegado, el entonces Director de la UGEL Condorcanqui, Hugo Wipio Paucai.Es importante señalar que, si bien algunos la asocian con una humilde docente que realizó denuncias, los informes del Ministerio de Educación demuestran que estos casos de violencia fueron de conocimiento institucional durante las gestiones de quince ministros
Es importante señalar que, si bien algunos la asocian con una humilde docente que realizó denuncias, los informes del Ministerio de Educación demuestran que estos casos de violencia fueron de conocimiento institucional durante las gestiones de quince ministros
"El presente estudio fue encargado por la Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DISER) del Ministerio de Educación con el objetivo de recopilar información sobre la violencia sexual en contextos rurales e indígenas e identificar las rutas que recorren los familiares y las niñas y adolescentes que buscan justicia.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de los hallazgos para que contribuyan a la comprensión del fenómeno de la violencia sexual en la cultura awajún y a la generación de estrategias y herramientas para la prevención, sanción y recuperación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual".
"Violencia sexual en el mundo awajún: historias de mujeres de tres generaciones en el corredor Chiriaco-Imacita " del 2022.
"En este libro se integras líneas conceptuales empleadas, usualmente, de manera independiente para analizar la violencia sexual en el mundo awajún siguiendo el modelo construido por Lazo-Landívar y Arredondo (2021) en su capítulo La ecología social de la violencia sexual en los pueblos awajún y wampis, editado por el Fondo Editorial del Poder Judicial.
Finalmente, también con Lazo-Landivar y Arredondo (2021) empleamos literatura criminológica de los discursos y sentidos comunes, de las expresiones sociocognitivas que, situadas cultural y geográficamente, enmarcan las conductas delictivas y transgresoras de derechos básicos como la integridad física y la libertad sexual".
Como se evidencia en el cuadro, la totalidad de los expedientes se encuentran en el sistema SIMEX, una herramienta del Ministerio de Educación diseñada para registrar y dar seguimiento a denuncias y procedimientos administrativos disciplinarios en el sector educativo. Los ciudadanos que ejercían la función docente y han sido sancionados se encuentran separados y no pueden volver a las aulas, garantizando así la seguridad de los estudiantes y el cumplimiento de las normativas vigentes. Es importante precisar que el mito de que "la mayoría de los profesores incriminados continúan con sus actividades" es falso, pues las autoridades educativas han implementado mecanismos de control para evitarlo. Sin embargo, en diversos medios, Pioc irresponsablemente sigue repitiendo esta afirmación para engañar a la opinión pública, presentándose como la única persona que lidera la gestión en cuanto a identificar casos y empoderar a las víctimas.
También se evidencia que desde el gobierno de los presidentes de Perú, el Ministerio de Educación ha tenido varios titulares. Durante la gestión de Ollanta Humala (2011-2016), el ministro fue Jaime Saavedra Chanduví (octubre 2013 - diciembre 2016), quien continuó en el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), siendo sucedido por Marilú Martens Cortés (diciembre 2016 - septiembre 2017) e Idel Vexler Talledo (septiembre 2017 - abril 2018). En el gobierno del presidente Martín Vizcarra (2018-2020), ocuparon el cargo Daniel Alfaro Paredes (abril 2018 - marzo 2019), Flor Pablo Medina (marzo 2019 - febrero 2020) y Martín Benavides Abanto (febrero 2020 - noviembre 2020). Durante la gestión del presidente Francisco Sagasti (2020-2021), el ministro fue Ricardo Cuenca Pareja (noviembre 2020 - julio 2021). En el gobierno del presidente Pedro Castillo (2021-2022), el ministerio estuvo liderado por Juan Cadillo León (julio 2021 - octubre 2021), Carlos Gallardo Gómez (octubre 2021 - diciembre 2021) y Rosendo Serna Román (diciembre 2021 - diciembre 2022). Finalmente, en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte (2022-presente), los ministros han sido Patricia Correa Arangoitia (diciembre 2022, con renuncia en el mismo mes), Óscar Becerra Tresierra (diciembre 2022 - abril 2023), Magnet Márquez Ramírez (abril 2023 - septiembre 2023), Miriam Ponce Vértiz (septiembre 2023 - abril 2024) y Morgan Quero Gaime (abril 2024 - presente).
Esta cronología evidencia que seis presidentes consecutivos y sus respectivos ministros de Educación mantuvieron una política de inacción frente a la violencia en Condorcanqui. Cada gobierno tuvo la oportunidad y la responsabilidad de atender esta grave problemática, pero optaron por ignorarla, perpetuando así un ciclo de violencia y abandono institucional que solo recientemente, en la gestión de Quero, comenzó a ser abordado. Esta indiferencia sistemática desde las más altas esferas del poder demuestra un patrón de negligencia que trasciende las gestiones ministeriales y alcanza directamente a los jefes de Estado, quienes como máximos responsables del Ejecutivo, permitieron que esta situación se prolongara por más de una década.
Fue solo bajo la actual administración de Morgan Quero Gaime cuando finalmente se tomaron acciones concretas sobre esta problemática.
Resulta particularmente notable que durante la gestión de Flor Pablo Medina, actual congresista, el tema pasó inadvertido. Es probable que, como es característico en su estilo político, Pablo tenga preparada una respuesta evasiva o 'floreada' para justificar esta omisión en un período donde su responsabilidad como ministra demandaba atención a estos graves casos.
Irónicamente, Pioc solo pareció recordar la existencia de esta problemática después de ser sancionada por abandono de cargo en diciembre del 2023, evidenciando el oportunismo característico de ciertos actores políticos que ajustan sus posiciones según las circunstancias, ignorando problemas graves hasta que les resulta conveniente reconocerlos.
Señora congresista Flor Pablo, es necesario cuestionar su doble silencio: primero, ante los hechos discriminatorios ocurridos en la UGEL Condorcanqui durante el 2022, donde su aliada Pioc y Hugo Wipio Paucai permitieron la discriminación contra docentes; y segundo, frente a los casos de violencia contra menores que fueron evidentes durante su gestión como Ministra de Educación en Condorcanqui.
Resulta contradictorio que mientras usted proclama públicamente su apoyo al magisterio, mantenga silencio sobre ambas situaciones críticas. Esta incongruencia genera serias interrogantes: ¿Por qué no se ha pronunciado respecto a la discriminación docente ni sobre los casos de violencia contra menores que ocurrieron durante su gestión ministerial?
Además, surgen cuestionamientos sobre su aliada, la señora Pioc: ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? ¿Se sostiene mediante donaciones? La transparencia en estos aspectos es fundamental.
Fue solo bajo la actual administración de Morgan Quero Gaime cuando finalmente se tomaron acciones concretas sobre esta problemática.
Resulta particularmente notable que durante la gestión de Flor Pablo Medina, actual congresista, el tema pasó inadvertido. Es probable que, como es característico en su estilo político, Pablo tenga preparada una respuesta evasiva o 'floreada' para justificar esta omisión en un período donde su responsabilidad como ministra demandaba atención a estos graves casos.
Irónicamente, Pioc solo pareció recordar la existencia de esta problemática después de ser sancionada por abandono de cargo en diciembre del 2023, evidenciando el oportunismo característico de ciertos actores políticos que ajustan sus posiciones según las circunstancias, ignorando problemas graves hasta que les resulta conveniente reconocerlos.
Señora congresista Flor Pablo, es necesario cuestionar su doble silencio: primero, ante los hechos discriminatorios ocurridos en la UGEL Condorcanqui durante el 2022, donde su aliada Pioc y Hugo Wipio Paucai permitieron la discriminación contra docentes; y segundo, frente a los casos de violencia contra menores que fueron evidentes durante su gestión como Ministra de Educación en Condorcanqui.
Resulta contradictorio que mientras usted proclama públicamente su apoyo al magisterio, mantenga silencio sobre ambas situaciones críticas. Esta incongruencia genera serias interrogantes: ¿Por qué no se ha pronunciado respecto a la discriminación docente ni sobre los casos de violencia contra menores que ocurrieron durante su gestión ministerial?
Además, surgen cuestionamientos sobre su aliada, la señora Pioc: ¿Cuáles son sus fuentes de ingreso? ¿Se sostiene mediante donaciones? La transparencia en estos aspectos es fundamental.
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