Jorge Marticorena dejó sin reglamento la pensión digna de docentes y traslada el reto a Keiko y ministro Chang
Pese a que el reglamento de la ley fue responsabilidad durante su gestión, el excongresista por Ica y extitular del MINEDU Jorge Marticorena no aprobó el reglamento necesario para su implementación, dejando al gobierno de Keiko Fujimori la responsabilidad de hacer efectiva una de las principales demandas del magisterio peruano.
Por Leonardo Serrano Zapata.
Llevo más de una década en las aulas. En ese tiempo he visto cesar a cientos de colegas, muchos de ellos sin la certeza de que su vejez estará cubierto con dignidad. Por eso la promulgación de la, publicada el 15 de abril de 2026 durante la gestión de José María Balcázar, representó una victoria simbólica largamente esperada: establece que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial recibirán una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) de la primera escala magisterial, hoy fijada en S/3.500,70.
La norma alcanza tanto a quienes están en los regímenes 19990 y 20530 como a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, y busca garantizar un nivel de vida digno para quienes dedican su vida a la educación pública.
Sin embargo, la ley aún no se traduce en pensiones reales. El propio texto ordenó al Ejecutivo aprobar el reglamento en un plazo máximo de noventa días, que vencía alrededor del 14 de julio de 2026, antes del cambio de mando. El Ministerio de Educación llegó a instalar, a fines de junio, una mesa técnica para elaborar el Padrón Único de Docentes Cesantes y Jubilados junto con el MEF, la ONP y la SBS. Jorge Marticorena no cumplió con reglamentarla.
El gobierno de Keiko Fujimori hereda la responsabilidad de reglamentar la ley y definir su financiamiento o como temen los docentes devolverla al Tribunal Constitucional. La pregunta es: ¿de dónde saldrá el dinero?
Los impulsores de la norma, en cambio, sostienen que el gasto —estimado por sus promotores en un rango cercano al 1% del PBI si se aplica al 100%— es asumible mediante una reorganización presupuestal, y plantean explorar alternativas como la gradualidad o la creación de una caja pensionaria propia para el magisterio, similar a la que existe para el sector militar y policial, financiada con los aportes de los cerca de 500 mil docentes activos, sin afectar ni su aporte al sistema pensionario general ni su vínculo con la Derrama Magisterial.
Cualquiera sea el camino que tomó la gestión de Antonio Chang (MINEDU) y Elmer Cuba (MEF), lo que no admite más demora es la reglamentación misma. Los docentes cesantes y jubilados no piden un privilegio: piden que una ley ya promulgada deje de ser una promesa en papel.
Keiko Fujimori tiene la oportunidad de demostrar, en sus primeros meses, que la reivindicación del magisterio no es solo un discurso de campaña. Bastaría con detenerse a mirar lo que significa envejecer en la pobreza tras una vida dedicada a enseñar —la misma soledad que retrató el cine italiano en Umberto D.— para entender que reglamentar esta ley no es un gasto, sino una deuda pendiente con quienes formaron el país. Durante los espacios de descanso sugiero que la vea señora presidente.
Umberto D. (1952), dirigida por Vittorio De Sica, sigue a un exfuncionario público jubilado que sobrevive en la Roma de posguerra con una pensión que no le alcanza ni para pagar el alquiler. Es una de las obras cumbre del neorrealismo italiano, y su retrato de la vejez desamparada por el Estado sigue siendo, más de setenta años después, una imagen incómodamente vigente para cualquier país que posterga la reglamentación de una pensión ya reconocida por ley.
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