Amnistía, ley del olvido: Congreso busca borrar crímenes del Estado

Por Leonardo Serrano Zapata

Amnistía según la RAE lo define como: "Derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito, que conlleva la anulación de la correspondiente pena. No debe confundirse con indulto ('anulación o conmutación de una pena')" Ese es el escenario que nos propone hoy en el Congreso de la República del Perú con el Proyecto de Ley N° 07549, que pretende amnistiar a quienes deshonraron su uniforme y se llevaron de encuentro vidas inocentes; Quieren que empecemos a creer que Barrios Altos - La Cantuta, Uchuraccay y tantos otros no fueron delitos contra los derechos humanos. No fueron actos de terror.

Según el diccionario jurídico del Poder Judicial de Perú define la palabra Amnistía como: “ Disposición con fuerza legal por la que se condonan los delitos cometidos y se excarcela a todos o un grupoespecífico de presos”. Una amnistía de este nivel pretender perdonar delitos vinculados al terrorismo entre los años 1980 y 2002.

Los 52 congresistas que votaron a favor y las 3 abstenciones le dicen al país, sin el menor remordimiento, que debemos excluirlos de los delitos cometidos contra civiles que esperaban de sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional protección y vocación de servicio, y que encontraron terror y muerte. Mientras el discurso oficial del Congreso es “planeamos una Ley para miembros que lucharon contra el terrorismo”. Nada más falso que eso.  Matar inocentes no es luchar contra el terrorismo, es generar terror desde el Estado.

¿Qué propone el Proyecto de Ley N° 07549/2023-CR?

Se trata de una ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa vinculados a la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, incluso a quienes ya tienen sentencia firme.

Artículo 1.

“Se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ya los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados ​​por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.

Artículo 2.

“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de setenta años miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, ya los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida , por delitos derivados u originados con ocasión de su participación firme en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni por delitos de corrupción de funcionarios”.

En otras palabras, significa decirles a las víctimas, a los hijos que nunca volvieron a casa, a las madres que lloraron frente a fosas comunes, que la justicia que tardó décadas en llegar no vale nada frente a los intereses de unos cuantos congresistas y sus allegados. Significa perdonar el delito a quienes deshonraron el juramento con la patria.

En los últimos cinco años hemos visto decenas de decretos supremos reconociendo a miles de peruanos, héroes todos, como Defensores de la democracia . Sin embargo, vemos también que las viudas y los deudos hacen fila. Me cuento que incluso deben comprar su medalla, porque hasta para eso se habría instalado una corrupción mezquina y nauseabunda en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Forman fila para aparecer en la “famosa lista” y ser llevados al Palacio de Gobierno a recibir de manos de la presidenta Dina Boluarte la medalla de defensora de la democracia. Forman fila para que procesos judiciales larguísimos, de más de una década, terminen con un cheque de gracia, como si con dinero o becas bastara para reconciliarse o para compensar una vida entregada a la patria.

¿Qué diremos entonces mañana? Que, ante la amnistía, a policías y militares sentenciados con prueba válida y hechos ya juzgados se les borró todo como si nunca hubieran cometido crímenes. Que sus víctimas hicieron fila para alcanzar la justicia y, cuando por fin el Estado se las dio, el Congreso se las arrebató a golpe de voto.

Este es el Congreso de Keiko Fujimori, de César Acuña, de Vladimir Cerrón, de José Luna, de quienes se disfrazan de defensores de la patria mientras nos imponen falsos héroes, bajo el discurso de que fueron “delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo”. No. Hoy se burlan de los verdaderos héroes: aquellos que combatieron al terrorismo con honor, sin ensuciar su uniforme, sin convertir el escudo de la República en un permiso para matar inocentes.

Mi padre, SOT2 PNP (F) Leonardo Serrano Vílchez, fue asesinado junto a 17 policías la madrugada del 3 de febrero de 1993, en un atentado terrorista de Sendero Luminoso en Huarmanca, Piura. De esos 17 héroes, solo 3 han sido reconocidos oficialmente como Defensores de la Democracia y, hasta hoy, solo una familia —la del Capitán PNP (F) Roberto Morales— recibió la medalla prometida. Amnistía de un lado y olvido del otro. Como hijo de un héroe la patria, exijo respeto a su memoria, justicia para todas las familias y verdad para el Perú.

¿Qué le decimos a las familias que aún guardan retratos amarillentos esperando justicia? Están intentando reescribir la historia. ¿Qué sigue? ¿Cambiar el relato del Museo de la Memoria, que permanece de pie para recordarnos que sí hubo terrorismo, sí hubo terrorismo de Estado, y que negarlo es un acto de cobardía? Quieren borrar el terrorismo de Estado de los libros, de los informes, de las sentencias. Pero mientras queden madres buscando huesos, mientras queden fotografías clavadas en una pared de adobe, mientras quede memoria, esta patria sabrá que la amnistía no es perdón: es traición.