¿Compromete la caja fiscal otorgar una pensión digna a los docentes jubilados?

Por Leonardo Serrano Zapata

La respuesta es no. El ministro de Educación, Morgan Quero, ha declarado recientemente que otorgar una pensión digna a los docentes jubilados comprometería la caja fiscal. La afirmación, sin respaldo técnico visible, ha generado controversia y exige un análisis serio, sustentado en cifras y principios de política fiscal responsable. ¿Realmente representa un riesgo sistémico? ¿O estamos frente a una narrativa conveniente para justificar prioridades de gasto cuestionables? Además, señaló que se trabaja en una propuesta “más sostenible”, pero sin establecer plazos concretos.

Actualmente, existen aproximadamente 111,000 docentes jubilados y cesantes en el país. Proveerles una pensión digna —estimada en S/ 3,300 mensuales— implicaría una inversión anual de S/ 4,391 millones. Si se compara esta cifra con el presupuesto nacional de 2025, que asciende a S/ 251,801 millones, el gasto representaría solo 1.7 % del total. Incluso dentro del mismo sector Educación, que cuenta con S/ 49,611 millones, la proporción sería de apenas 8.9 %.

Además, la presión fiscal de esta política se diluiría en el tiempo, dado que el número de beneficiarios decrecerá paulatinamente y los ingresos fiscales proyectados por el FMI (Fondo Monetario Internacional) muestran un crecimiento sostenido: de S/ 285,221 millones en 2025 a S/ 328,100 millones en 2028. Así, el peso relativo de esta obligación descendería de 1.6 % a 1.3 % de los ingresos públicos en ese periodo.

No estamos, entonces, ante una disyuntiva fiscal insalvable. El problema radica en la orientación del gasto público, no en su magnitud.

Basta mencionar que Petroperú consume S/ 1,763 millones anuales pese a arrastrar déficits estructurales y no ofrecer ni rentabilidad financiera ni retorno social. El Congreso de la República, por su parte, se autoasignó más de S/ 1,400 millones en 2025 para operar con menos de 1,300 empleados. Y si eso no bastara, está el caso del Aeropuerto de Chinchero, cuya construcción aún inconclusa ya supera los S/ 2,200 millones, sin que a la fecha haya operado un solo vuelo comercial.

A esto se suma el costo de la corrupción, que bordea los S/ 24,000 millones anuales, según informes oficiales. Entre 2021 y 2023, el Perú habría perdido S/ 72,000 millones por este flagelo: el equivalente a más de 16 años de pensiones dignas para todos los docentes jubilados. En otras palabras, no es que no haya dinero, sino que el dinero no se destina donde más justicia y eficiencia social produciría.

No se puede obviar, además, la dimensión política del debate previsional. En una maniobra que evidencia una lógica de cálculo más que de justicia social, el partido Fuerza Popular presentó una reconsideración a la iniciativa de mejora de pensiones. Esta acción, vista por muchos como una represalia política, apunta a sectores que no respaldaron al fujimorismo en elecciones pasadas y que, por el contrario, fueron determinantes en llevar a Pedro Castillo a la presidencia del Perú. Este tipo de obstruccionismo partidario, disfrazado de prudencia fiscal, erosiona la confianza pública y refuerza la percepción de que los intereses ideológicos siguen primando sobre las necesidades urgentes de la población.

Cuando el titular del Minedu afirma que garantizar justicia previsional para los maestros pone en riesgo la caja fiscal, omite que el riesgo fiscal real proviene de la ineficiencia, la corrupción y las decisiones políticas mal orientadas. De hecho, el gasto en pensiones dignas está lejos de ser un factor desestabilizador, y no requiere aumentar impuestos ni recurrir a endeudamiento adicional si se reorientan partidas actualmente malgastadas.

Tampoco se puede soslayar el impacto económico y social positivo de esta medida: mejorar el poder adquisitivo de más de 100,000 hogares tendría un efecto multiplicador en el consumo interno, aliviaría la presión sobre programas asistenciales y enviaría una señal de coherencia institucional sobre el valor que el Estado otorga a la educación y la revaloración de la carrera docente.

La afirmación del ministro Quero, carente de evidencia técnica y desligada de una evaluación integral del gasto público, distorsiona el verdadero debate fiscal. Financiar pensiones dignas para los docentes jubilados es perfectamente viable desde el punto de vista económico y moralmente ineludible desde el punto de vista político.

No se trata de elegir entre sostenibilidad fiscal y justicia social. Se trata de elegir entre seguir despilfarrando recursos en estructuras ineficaces o reivindicar con hechos —y no discursos— la centralidad de la educación en el desarrollo nacional.