Nazca bajo amenaza: el oro pesa más que la cultura

Por: Leonardo Serrano Zapata

Las líneas de Nazca, grabadas en el desierto peruano, representan uno de los legados culturales más enigmáticos y valiosos de la humanidad, fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural el 17 de diciembre de 1994, estas figuras geométricas y zoomorfas no solo son un testimonio del ingenio prehispánico, sino también un emblema de la identidad cultural peruana. Sin embargo, en los últimos años, este patrimonio ha estado bajo creciente amenaza debido a la expansión de la minería informal e ilegal en la región. El reciente anuncio del Ministerio de Cultura del Perú sobre la reducción del área protegida de las líneas de Nazca en un 42% ha encendido las alarmas tanto a nivel nacional como internacional.

El argumento oficial sostiene que esta medida responde a una actualización técnica sustentada en estudios arqueológicos que permiten delimitar con mayor precisión las áreas que contienen geoglifos. 

No obstante, esta explicación ha sido duramente cuestionada por el Colegio de Arqueólogos del Perú, expertos en patrimonio y entidades internacionales, quienes alertan sobre las implicancias ocultas de esta medida.

Según el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, la decisión busca una gestión más eficiente de los recursos y no afecta la zona reconocida por la UNESCO, esta decisión lo obliga a enfrentar un proceso de interpelacion en el Congreso de la República en Perú. 

Lamentablemente quienes impulsaron la interpelación no tienen los votos para una eventual censura del ministro de Cultura, y menos aún a pocos días de la presentación de la cuestión de confianza del gabinete liderado por el Dr. Eduardo Arana. Así que me temo que la exposición de Valencia ante el Congreso estará llena de excusas y se limitará a la lectura de un discurso que pretenda responder al pliego interpelatorio, con la única intención de cumplir con el procedimiento, sabiendo que no le ocurrirá nada. El pacto ya está hecho. Fuentes en el Congreso manifiestan que el gabinete Arana ya cuenta con los votos para otorgarle la confianza. 

Uno de los elementos más preocupantes es que las zonas que han sido excluidas de la protección albergan más de 300 concesiones mineras. Si bien muchas de ellas aún no están activas, el nuevo estatus legal de estas tierras abre la puerta a una formalización acelerada de actividades extractivas, algunas de las cuales podrían llevarse a cabo muy cerca de áreas arqueológicamente relevantes. En este contexto, la reducción del polígono no solo pone en riesgo un legado milenario, sino que también da señales ambiguas frente al avance de la minería, legal o ilegal, en zonas culturalmente sensibles.

La región de Nazca, ubicada en la faja aurífera Nazca–Ocoña, posee un alto potencial geológico para la extracción de oro. Estudios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) han confirmado la presencia de vetas auríferas en diversas localidades cercanas a los geoglifos. Esto ha convertido a la zona en un objetivo para empresas mineras formales, así como para mineros informales, quienes desde hace años operan en el desierto sin control efectivo. En 2020, se identificó un campamento con cuatro bocaminas activas dentro de la misma reserva arqueológica en la zona conocida como La Muña.

 Estos hechos no son aislados, sino parte de una tendencia que se ha consolidado ante la falta de vigilancia y la débil acción estatal.

Las líneas de Nazca comenzaron a ser estudiadas de forma sistemática en el siglo XX. El investigador peruano Toribio Mejía Xesspe fue uno de los primeros en prestar atención científica a los geoglifos en 1927. Más adelante, la matemática y arqueóloga alemana María Reiche dedicó su vida a su estudio, conservación y difusión. Gracias a su minucioso trabajo de mapeo, protección y promoción internacional, las líneas de Nazca ganaron reconocimiento mundial. Reiche argumentó que las figuras tenían una función astronómica y de calendario agrícola. Su legado es tan importante que hasta hoy es considerada “la dama de las líneas”.

La reacción del Congreso peruano, en lugar de ofrecer una mirada crítica o exigir transparencia en la decisión del Ministerio de Cultura, ha sido más bien complaciente. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, presidida por Édgard Reymundo Mercado, respaldó la medida sin un debate público significativo. Se habló de “resolver un problema social”, pero sin aclarar cuáles son exactamente los conflictos que se intenta solucionar ni cuál es la relación entre estos problemas y la explotación minera. La falta de consulta con expertos, organizaciones locales y representantes de la comunidad científica es sintomática de una política cultural cada vez más subordinada a intereses económicos.

Por su parte, la comunidad internacional ha manifestado su preocupación. La UNESCO, al no haber sido notificada oficialmente de esta modificación en los límites del área protegida, ha solicitado explicaciones al gobierno peruano. Organizaciones como el World Monuments Fund y arqueólogos internacionales han señalado que la nueva delimitación podría dejar sin protección zonas aún no exploradas, pero con alto potencial arqueológico. En un país con una riqueza patrimonial tan vasta y dispersa como Perú, la falta de investigación no debería ser sinónimo de inexistencia. El principio de precaución debería primar frente a intereses extractivistas.

El debate de fondo, más allá de la reducción del polígono, es cómo el Estado peruano concibe su patrimonio cultural. ¿Es un activo que debe ser preservado por su valor simbólico, histórico y educativo? ¿O se trata de un obstáculo al crecimiento económico que debe ser “racionalizado” cuando interfiera con intereses extractivos? En lugar de fortalecer los mecanismos de protección, se están debilitando. En lugar de invertir en investigación y conservación, se opta por recortar áreas bajo el argumento de eficiencia. Esta lógica es peligrosa y podría replicarse en otros sitios del país.

Proteger las líneas de Nazca no es una cuestión de nostalgia ni de romanticismo arqueológico. Es una obligación ética y legal del Estado peruano, que ha asumido compromisos ante la comunidad internacional. 

En un país donde el patrimonio cultural y arqueológico es una de sus mayores riquezas, no podemos permitir que las decisiones se tomen a espaldas de la ciudadanía y a merced de intereses económicos opacos.

El oro mueve muchos intereses políticos y económicos, pero las líneas de Nazca nos hablan de algo más profundo: la capacidad humana de crear símbolos, de dejar huella en el tiempo, de mirar el cielo desde la tierra. Esa herencia no tiene precio. Y no debería tener concesión. 

Todo parece indicar que en el gobierno de las joyas y los favores a los allegados, el oro pesa más que la cultura.