Fiscalización vs Acoso: la violencia como instrumento político.

 Por Leonardo Serrano Zapata.

 

La polarización política ha alcanzado niveles preocupantes en el país, manifestándose a través de prácticas que trascienden el debate público legítimo para adentrarse en terrenos peligrosos que amenazan la convivencia democrática.

Durante los últimos meses, diversos grupos políticos, tanto de izquierda como de derecha, han adoptado métodos de confrontación que superan ampliamente los límites del debate democrático. Esta radicalización se ha caracterizado por el uso de tácticas intimidatorias que incluyen la divulgación de información personal sensible, como domicilios particulares y números telefónicos privados, con el aparente propósito de intensificar el hostigamiento político.

El clima de hostilidad ha alcanzado incluso a las más altas esferas del poder local. El alcalde de Lima López Aliaga ha protagonizado desafortunadas declaraciones públicas "hay que cargárselo de una vez" contra el periodista Gustavo Gorriti, evidenciando cómo la confrontación política permea diferentes niveles de gobierno.

Por su parte, un sector de la derecha política, identificado como "La Resistencia", ha desarrollado una campaña sistemática de acoso dirigida específicamente contra periodistas que ejercen su labor crítica. Entre las víctimas de este hostigamiento se encuentra Rosa María Palacios, junto a otros comunicadores que cuestionan o realizan comentarios críticos hacia gestiones que este grupo considera afines a sus intereses políticos e incluso acoso contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Esta práctica representa un ataque directo a la libertad de prensa, el ejercicio independiente del periodismo y la privacidad de la que gozamos todos.

Exponen datos de Dina Boluarte y Morgan Quero.

Los casos más recientes ilustran la gravedad del problema. La información personal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue expuesta públicamente en Google Maps, donde su domicilio particular aparece identificado explícitamente como "casa de Dina Boluarte". Con llamados a la violencia contra su domicilio. Al igual que el domicilio de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular.

 De manera similar, se han filtrado datos privados de funcionarios como Morgan Quero, ministro de Educación, incluyendo direcciones y su número telefónico personal, información que ha circulado ampliamente en la plataforma X.

La ciudadanía posee un derecho fundamental y una responsabilidad democrática de fiscalizar a sus autoridades. Este ejercicio de control ciudadano cuenta con herramientas legítimas y constitucionales, siendo la libertad de expresión una de las más importantes. Sin embargo, existe una línea clara que separa la fiscalización legítima del acoso político sistemático.

La democracia se fortalece a través del debate plural, la crítica y el ejercicio responsable de los derechos ciudadanos. En contraste, se debilita cuando estos derechos se instrumentalizan para generar intimidación, vulnerar la privacidad o promover la violencia política.

Es fundamental distinguir entre los hechos de relevancia pública que merecen cobertura mediática y escrutinio ciudadano, y aquellas acciones que buscan únicamente exponer y vulnerar la vida privada de los funcionarios públicos, periodistas o exfuncionarios. Aunque quienes ejercen cargos públicos deben aceptar un mayor nivel de escrutinio, esto no justifica campañas organizadas de hostigamiento personal.

Las protestas y el cuestionamiento político constituyen pilares de la democracia, pero deben canalizarse a través de mecanismos que respeten tanto el derecho a la protesta, pero también las normas de convivencia democrática. El desarrollo de una cultura política madura requiere que sepamos diferenciar entre el debate legítimo y las prácticas que erosionan las bases mismas del sistema democrático que buscamos fortalecer.

La experiencia internacional en Chile, Indonesia y Nepal, donde la frustración acumulada durante años desembocó en estallidos sociales devastadores, deberían servir como advertencia para quienes en el Perú irresponsablemente alimentan la confrontación y hacen llamados explícitos a la violencia. Los grupos extremistas, tanto de derecha como de izquierda, que manipulan las frustraciones legítimas de la población con discursos incendiarios y tácticas de hostigamiento, están jugando con fuego, esto podría traer consecuencias trágicas.  

La historia demuestra que cuando se normaliza la violencia política y se erosionan los límites del debate democrático, el resultado no es el cambio político que estos grupos prometen, sino el caos que termina cobrándose vidas inocentes y destruyendo las instituciones que tanto costó construir. Sigamos fiscalizando, podemos estar en desacuerdo, pero no significa que se legitime el acoso y la violencia.