Ministro de Educación Jorge Figueroa Guzmán sobre PRONABEC: “44,075 mil becarios egresaron desde 2012, pero nadie sabe cuántos cumplieron el servicio al país, se redujo de 3 años a voluntariado de un año”.

Por Leonardo Serrano Zapata

Durante una conferencia de prensa convocada para exponer la situación del programa Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC), el ministro de Educación Jorge Figueroa Guzmán lanzó duras críticas a la gestión previa del programa y reveló serias inconsistencias administrativas, presupuestales y normativas que comprometerían la transparencia y el impacto real de una inversión pública que supera los 1 450 millones de soles.

Becas ofrecidas sin respaldo presupuestal

El ministro explicó que, al asumir el cargo el 15 de octubre, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 —remitido por la gestión anterior a la Presidencia del Consejo de Ministros— ya estaba en evaluación en el Congreso. En ese proceso se detectó que se habían ofrecido 20 000 nuevas becas sin contar con el presupuesto correspondiente.

Actualmente, PRONABEC administra 67 500 becas, pero el programa cerró el 2025 con un déficit de 203 millones de soles, el cual tuvo que ser cubierto mediante reasignaciones internas. Para el 2026, el presupuesto destinado a nuevos becarios asciende apenas a 50 millones de soles, cifra que encendió las alertas en el sector Educación.

“Solicitamos explicaciones, pero no recibimos respuestas oportunas ni sustentadas con documentos”, señaló el ministro, quien dispuso una evaluación integral del programa.

Resultados “decepcionantes” y criterios debilitados

El balance preliminar fue calificado por Figueroa Guzmán como “decepcionante, lamentable, preocupante e irresponsable”. Entre los hallazgos más graves, se identificó que PRONABEC otorgó y financió becas a postulantes que no alcanzaron el puntaje mínimo en el examen de preselección y pagó estudios a becarios que desaprobaron cursos dos y hasta tres veces.

“¿Puede el Estado financiar, con el dinero de todos los peruanos, a alumnos que desaprueban reiteradamente?”, cuestionó el titular del sector, poniendo en duda el debilitamiento del principio de excelencia académica.

El vacío del “servicio al país”

Uno de los puntos más críticos expuestos fue el incumplimiento del servicio al país, obligación establecida en la ley de creación del programa. La norma señala que los becarios, al culminar sus estudios, deben prestar servicios en el país por hasta tres años, preferentemente en su región de origen, o devolver íntegramente el costo de la beca.

Sin embargo, desde 2012 hasta 2025 han egresado 44 075 becarios, y el Ministerio de Educación no cuenta con información documentada que acredite cuántos cumplieron efectivamente con esta obligación.

“Hemos solicitado los documentos para saber quiénes son, cuántos son y dónde están trabajando estos jóvenes cuyos estudios fueron financiados por todos los peruanos, pero hasta hoy no se nos ha entregado esa información”, afirmó el ministro.

Lo que sí se ha confirmado es que PRONABEC modificó sus normas internas y, amparándose en que la ley señala “hasta tres años”, redujo el periodo a solo un año, el cual además fue validado con trabajos de voluntariado, una medida que —según Figueroa Guzmán— desnaturalizó completamente el espíritu de la norma.

Una pregunta que aún requiere esclarecimiento es qué instituciones privadas u organizaciones juveniles habrían articulado o facilitado espacios de voluntariado para los jóvenes becarios en el marco del cumplimiento del requisito de “servicio al país”.

En ese contexto, resulta pertinente mencionar que la Red Nacional de Juventudes, actualmente dirigida por Antony Ramos Vargas,  impulsa hasta 7 voluntariados en las modalidades presencial y virtual orientados a la participación cívica y social. ¿Cómo es un voluntariado virtual? ¿Cuáles son los estándares de un voluntariado? ¿Cuáles son las evidencias que exige el Ministerio de educación para considerar válido un voluntariado?

No obstante, corresponde precisar, si alguna de estas experiencias fue reconocida formalmente por PRONABEC como válida para el cumplimiento del requisito de prestación de servicios en el país exigido a los becarios, así como bajo qué criterios normativos, técnicos y de supervisión se valida el cumplimiento de los "voluntariados" en las diversas entidades.

Que no se cuente con una cifra precisa de los becarios que no cumplieron con la obligación de prestar servicios en el país —sea bajo el esquema original de hasta tres años o el posteriormente reducido a un año de voluntariado—, pese al financiamiento recibido con recursos públicos, constituye un hecho grave desde una perspectiva de gestión pública. Esta carencia de información debilita la sostenibilidad del programa y pone en evidencia dificultades en el seguimiento y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en su ley de creación, afectando el retorno social de la inversión realizada por el Estado.

Corresponde ahora esperar que el Ministerio de Educación pueda esclarecer, con información verificable, si los becarios han cumplido efectivamente con la devolución social del financiamiento recibido mediante la prestación de servicios en el país, ya sea por el periodo de hasta tres años previsto originalmente en la norma o bajo el esquema mínimo de un año que se habría aplicado posteriormente. Asimismo, resulta necesario transparentar si las empresas u organizaciones que acogen, promueven o articulan espacios de voluntariado para becarios de PRONABEC reciben algún tipo de beneficio, incentivo o exoneración, así como los criterios legales y administrativos que sustentan dichas eventuales condiciones.

Otro dato preocupante es el abandono del programa. Entre 2021 y 2025, 3 790 becarios perdieron la beca, más de la mitad pertenecientes a Beca 18. No existen cifras claras de los años 2012-2020, o al menos no fueron entregadas oportunamente.

Becas sin alineación a las necesidades del país

Finalmente, el ministro cuestionó que el otorgamiento de becas se haya basado principalmente en la preferencia individual de los postulantes, sin una adecuada planificación según las necesidades estratégicas del país a corto, mediano y largo plazo.

“No se trata de hacer política ni politiquería. Mi función es técnica y mi responsabilidad es actuar con transparencia y responsabilidad”, subrayó Figueroa Guzmán, anunciando una reingeniería integral del programa para restituir el mérito académico, priorizar carreras estratégicas, garantizar el retorno de la inversión pública y asegurar la sostenibilidad del sistema de becas.

Lo que dejó entrever la conferencia es que la actual gestión, encabezada por el ministro Jorge Figueroa Guzmán, habría identificado la existencia de prácticas internas que evidenciarían un manejo excesivamente flexible del programa, caracterizado por la aplicación laxa de procedimientos y controles. Sin afirmar la responsabilidad de personas o grupos específicos, el propio diagnóstico expuesto sugiere que determinadas decisiones se habrían adoptado con criterios de tolerancia administrativa que debilitaron los estándares de rigor, supervisión y cumplimiento normativo previstos en el diseño original del programa.