Zózimo Cárdenas, gobernador regional de Junín, anuncia paro este lunes 16 de febrero ante posible Censura o vacancia de José jerí: ”definitivamente parece que no hay moral”

En una entrevista concedida al medio Willax, el gobernador regional de Junín, Zózimo Cárdenas, anunció la convocatoria a un paro para este lunes 16 de febrero, medida que podría ser acatada por las regiones de Junín, Cerro de Pasco, Huancavelica, Lima, Huánuco, Ayacucho y Ucayali.

Durante la conversación, Cárdenas señaló que la protesta responde al creciente malestar frente a la crisis política y a la falta de respuestas del ejecutivo a las demandas regionales, advirtiendo que el descontento social se ha extendido más allá de Junín.

Consultado sobre la eventual censura o vacancia del presidente José Jerí, el gobernador fue enfático en su posición y cuestionó la legitimidad moral del gobierno, afirmando: “Definitivamente parece que no hay moral”. Sus declaraciones se suman a las voces críticas que, desde distintos sectores, exigen cambios políticos ante la pérdida de confianza ciudadana.

Por otra parte, el Gobierno central se pronunció mediante un comunicado oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respecto al proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. en relación con el Terminal Portuario de Chancay.

En el documento, la PCM recordó que en el Perú rige una economía social de mercado, en la que la iniciativa privada es libre y la inversión nacional y extranjera se somete a las mismas condiciones, conforme al artículo 63 de la Constitución. Asimismo, reafirmó que la promoción de la inversión extranjera es una Política de Estado, orientada a impulsar el desarrollo económico, fortalecer la infraestructura estratégica y combatir la pobreza.

El Ejecutivo precisó que el Terminal Portuario de Chancay, al ser de propiedad privada, debe cumplir estrictamente con el ordenamiento jurídico peruano, especialmente con las normas de seguridad portuaria, fiscalización y control, funciones que recaen en diversas entidades del Estado como la Autoridad Portuaria Nacional (APN), DICAPI, SUNAT, DIRANDRO, OEFA y la Municipalidad Distrital de Chancay, las cuales —según el comunicado— mantienen presencia activa en el terminal.

No obstante, la PCM advirtió que el Poder Judicial habría ordenado a OSITRAN abstenerse de ejercer sus funciones regulatorias, supervisoras y sancionadoras sobre el terminal multipropósito, declarando además inaplicables diversas normas que sustentan sus competencias. Frente a este escenario, el Gobierno señaló que, de confirmarse dichos supuestos, hará uso de los recursos legales correspondientes, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.