El primer reto de José Zapata Morante como nuevo ministro del Interior: entregar 40 mil cámaras de videovigilancia con una norma desactualizada.
El Plan Nacional de Seguridad 2026–2028 reconoce el vacío y ordena modificar el DL 1218, con plazo hasta julio de 2026. La pregunta es inevitable: ¿las cámaras llegarán antes que la ley que las habilite?
Por Leonardo Serrano Zapata
La
respuesta está, en gran parte, en el Decreto Legislativo N.° 1218, vigente
desde 2015 y diseñado para un contexto tecnológico ya superado.
Una norma que registra, pero no previene
El
DL 1218 regula el uso de cámaras en espacios públicos, transporte y
establecimientos comerciales. Su objeto declarado es la “prevención de la
violencia y del delito, así como el control y persecución del delito o falta”.
Sin embargo, su arquitectura normativa responde a una lógica pasiva: captación
y almacenamiento de imágenes, sin capacidad de respuesta en tiempo real. Tres
vacíos resultan especialmente críticos.
El
primero es la interoperabilidad: el artículo 11 establece la necesidad de
"garantizar la interconexión de cámaras de videovigilancia con las
plataformas [...] de los Gobiernos Locales y Regionales", pero no fija
estándares técnicos obligatorios ni sanciones por incumplimiento, lo que genera
un ecosistema fragmentado donde municipios, empresas y operadores de transporte
funcionan con sistemas aislados, desconectados de la Policía Nacional.
El
segundo es la ausencia de integración de datos: la norma exige respetar la
protección de datos personales (artículo 13), pero no habilita ningún modelo de
gobernanza que permita cruzar imágenes con bases de datos de requisitorias o
información biométrica; la imagen de un agresor puede quedar grabada, pero
nadie la identifica automáticamente.
El
tercero es la falta de un régimen sancionador efectivo: el decreto no contempla
infracciones específicas —leves, graves o muy graves— en vía administrativa
para quienes no integren sus sistemas o demoren en entregar imágenes a las
autoridades, por lo que, sin coerción, el cumplimiento queda librado a la
voluntad de cada actor.
El diagnóstico existe, falta actualizar
la norma.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, reconoce estas limitaciones, en su Objetivo Estratégico 1 y específicamente en el Objetivo Específico 1.2, plantea la modernización tecnológica de la capacidad operativa policial y propone modificar el DL 1218 para: "incorporar la interoperabilidad obligatoria de los sistemas de videovigilancia, el tratamiento e integración de bases de datos de identificación, el uso de tecnologías de reconocimiento facial, y el régimen de infracciones y responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad ciudadana".
El
problema no es el diagnóstico. Es el tiempo.
La vía
ejecutiva fija el 1 de julio de 2026 como plazo para presentar la iniciativa
legislativa, lo que implica meses adicionales de tramitación antes de cualquier
entrada en vigencia. La pregunta es inevitable: ¿el equipo técnico del MININTER
y el MINJUSDH ya está conformado y trabajando? Porque sin ese equipo, el plazo
de julio no es una meta: es solo una fecha en un documento.
Cada día
que pasa sin modificar el DL 1218 es un día en que las cámaras son dispositivos
de registro, no de prevención. Documentan el crimen, pero no lo evitan. Graban
al agresor, pero no lo identifican a tiempo.
El fondo del problema: el Congreso que no da
prioridad a lo urgente
En el Parlamento, el panorama no es más alentador. El
Proyecto de Ley N.° 10414/2024-CR, junto con sus acumulados 10501 y 12197,
modifica directamente el DL 1218, se trabaja desde 2024 y cuenta con dictamen
aprobado en comisión. Está listo para debatirse en el Pleno desde 2025. En
paralelo, el Proyecto de Ley N.° 09713/2024-CR, que propone un sistema nacional
de videovigilancia con inteligencia artificial, permanece en comisión sin
dictamen.
El problema, entonces, no es la ausencia de
propuestas: es la falta de voluntad política para priorizarlas.
Actores con representación parlamentaria como Rafael
López Aliaga (Renovación Popular), César Acuña (Alianza para el progreso) y
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tienen la capacidad real de impulsar o bloquear
ese debate. La pregunta ya no es si existen propuestas, sino quién asume el
costo político de priorizarlas —o de seguir postergándolas. También existe el
riesgo opuesto: que prefieran guardar la reforma como bandera de campaña y
convertirla en el primer proyecto estrella de la nueva legislatura. En ese
caso, las cámaras seguirán grabando crímenes que nadie identifica a tiempo, y
los ciudadanos seguirán pagando el costo de la demora.
La verdadera pregunta no es cuántas cámaras se
instalan, sino cuánto más se puede esperar para dotarlas de los instrumentos
legales que necesitan.
Nuevo gabinete, nuevos retos
Tras la salida de la expremier Denisse Miralles —confirmada a solo 21 días de haber asumido el cargo—, el presidente Balcázar tomó juramento a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo presidente del Consejo de Ministros. El cambio de gabinete añade una nueva capa de incertidumbre: la reforma del DL 1218 podría quedar sin conducción política en el momento más crítico.
Al frente del MININTER llega José Zapata Morante, general en retiro de la Policía Nacional del Perú con 37 años de servicio efectivo dedicados a la seguridad ciudadana, el orden interno y la gestión estratégica policial. A lo largo de su carrera ocupó cargos como Jefe de la Región Policial Lima, Director de Seguridad Ciudadana de la PNP y Jefe del Estado Mayor General PNP. Más recientemente se desempeñó como viceministro de Seguridad Pública del propio MININTER, lo que le da un conocimiento directo del sector que ahora conduce. Es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con formación especializada en gobernabilidad y planeamiento estratégico.
Su perfil técnico-policial es, en principio, una ventaja. Pero el reto que hereda no es solo operativo: deberá implementar las 40 mil cámaras prometidas por su antecesor y, al mismo tiempo, conducir la reforma normativa que lleva una década pendiente. La experiencia no alcanza si la ley sigue sin actualizarse.
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