Marilú Martens vs la creación de universidades públicas: ¿crítica técnica o agenda política?

Mientras el mundo defiende la universidad pública, la exministra se opone a la creación de nuevas casas de estudio en el Perú.

Por Leonardo Serrano Zapata

En 2025, el Congreso aprobó la Ley N.° 32461, que crea veinte nuevas universidades nacionales en diversas regiones del país. La medida ha generado un debate que vale la pena analizar con rigor, más allá de las declaraciones políticas.

La exministra de Educación Marilú Martens, hoy directora de CARE Perú, criticó duramente la iniciativa en el programa Cuarto Poder. Según ella, fundar universidades solo mediante ley —sin planificación territorial, sin financiamiento asegurado, sin infraestructura y “sin docentes calificados”— conduce a instituciones meramente nominales: que existen en el papel, pero no en la práctica académica. Su argumento tiene peso. Pero también presenta contradicciones que merecen examinarse.

Defender la calidad universitaria no es lo mismo que oponerse a la universidad pública, ni mucho menos a la creación de nuevas universidades.

Comisiones organizadoras y su rol en el licenciamiento de universidades públicas

La Ley N.° 30220, Ley Universitaria, establece en su artículo 29 que, una vez aprobada la ley de creación de una universidad pública, el Ministerio de Educación constituye una comisión organizadora a su cargo. Esta comisión tiene la responsabilidad de aprobar el estatuto, los reglamentos y los documentos de gestión académica y administrativa, y de conducir la institución hasta que se constituyan sus órganos de gobierno. La competencia para constituir y reorganizar estas comisiones recae formalmente en el Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica del MINEDU.

Esta lógica no es nueva. La política universitaria peruana sigue un patrón conocido: primero el Congreso aprueba universidades por presión política o demanda regional; luego el Ejecutivo regula su funcionamiento. Durante la gestión de Martens estuvo vigente la Ley N.° 29971, que estableció una moratoria de cinco años (2012–2017) para la creación de nuevas universidades, tanto públicas como privadas. En 2017, el MINEDU aprobó la Resolución Viceministerial N.° 088-2017-MINEDU, que normó la constitución y el funcionamiento de las comisiones organizadoras de universidades ya aprobadas por el Congreso.

Años después, el 15 de mayo de 2021, entró en vigencia la Ley N.° 31193, que impuso una nueva moratoria de un año, con excepción de las universidades con licencia denegada. Las sucesivas resoluciones viceministeriales (RVM N.° 244-2021, N.° 055-2022, N.° 053-2023 y N.° 077-2025) continuaron ajustando ese marco, con énfasis en la dedicación exclusiva de los integrantes de estas comisiones y al cumplimiento de sus planes y presupuestos.

Al cierre de agosto de 2025, el Ministerio de Educación reporta 30 universidades públicas con comisión organizadora; de ellas, 15 ya obtuvieron licenciamiento institucional de la SUNEDU, lo que significa que cumplieron las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) y están habilitadas para operar plenamente. Las restantes se encuentran en camino de lograrlo. Con la aprobación de las 20 nuevas universidades contempladas en la Ley N.° 32461, el Ministerio deberá constituir otras tantas comisiones y acompañar su trayecto hacia el licenciamiento con recursos, voluntad política y rigor técnico.

 

El argumento de "no hay docentes calificados"

El señalamiento más llamativo de Martens fue afirmar que no existen docentes calificados para las nuevas universidades públicas. Es un argumento que suena razonable en abstracto, pero que los propios datos contradicen.

Según la SUNEDU, al 11 de febrero de 2026 hay 105 universidades con licencia institucional vigente en el Perú, 51 son Universidades Públicas. Todas están habilitadas para ofrecer programas de posgrado —maestrías y doctorados— dentro de su oferta académica. Si bien muchas escuelas de posgrado se encuentran aún en proceso de acreditación, el ecosistema para la formación y cualificación de docentes universitarios existe, funciona y es considerablemente más robusto que el de hace una década. Sostener hoy que no hay suficientes profesionales para cubrir una nueva generación de universidades públicas exige, como mínimo, una evidencia que Martens no presentó.

Hay además un rasgo estructural del mercado académico peruano que rara vez se nombra con claridad: los docentes circulan. Los mismos profesores que enseñan en universidades públicas —como la UNMSM, la UNI o la Villarreal— también dictan en universidades privadas. No es la excepción; es la norma. El capital académico no distingue entre gestión pública y privada: fluye donde hay demanda, contratos y condiciones para ejercer.

El caso del actual ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, lo ilustra sin necesidad de mayor argumentación. Docente nombrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, trabajó en la Universidad César Vallejo —institución privada— desde 2014 hasta antes de asumir el cargo ministerial, según consta en los registros de licenciamiento institucional. No se trata de una rareza biográfica, sino de un patrón que se replica en cientos de docentes a lo largo del país.

Lo que el argumento de Martens describe no es una escasez de talento académico, sino —a lo sumo— un problema de distribución territorial y de condiciones de contratación. Es un debate legítimo y necesario, pero es un debate distinto, y merece plantearse con mayor precisión y honestidad intelectual.

El silencio del ministro de educación

Hay un actor que brilla por su ausencia en este debate: el propio ministro del sector Erfurt Castillo Vera. Proveniente de la Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú (FENDUP), conoce el sistema universitario público desde adentro, lo que le otorga una legitimidad que pocos titulares del sector han tenido. Precisamente por eso, su silencio resulta llamativo. Con apenas cinco meses por delante, el ministro debería ser el primero en pronunciarse: ¿defiende la creación de las nuevas universidades públicas? ¿Cuál es su agenda para reivindicar a la universidad pública en lo que resta de su gestión? La universidad pública no necesita un titular que administre el silencio mientras otros ocupan el debate.

El caso de la Universidad Politécnica del Perú

La creación de la Universidad Politécnica del Perú. Esta institución privada —cuyo vicerrector académico es el exministro de educación Óscar Becerra— cumplió con las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la SUNEDU y fue licenciada en 2025 durante la gestión de Morgan Quero. Martens no cuestionó su creación, no planteó dudas sobre la disponibilidad de docentes ni sobre la pertinencia territorial de su oferta académica.

El contraste es revelador. La discusión no debería girar en torno a una supuesta superioridad de lo privado sobre lo público. El proceso de licenciamiento de la SUNEDU demostró, con evidencia, que muchas universidades privadas tampoco cumplían las condiciones mínimas de calidad. El problema no es la naturaleza jurídica de las instituciones, sino las condiciones en que se crean y la voluntad de garantizar su sostenibilidad.

El debate universitario merece más que intuición política

Cuestionar la creación de veinte universidades sin planificación es un señalamiento válido y necesario. Pero esa crítica gana o pierde credibilidad según quién la formula y desde qué coherencia lo hace. El debate sobre la calidad de la educación superior no puede reducirse a un argumento de tribuna.

Para ser útil, debe partir de un piso técnico común. Una recomendación para quienes quieran participar en él —congresistas, exministros, analistas y periodistas—: lean las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) de la SUNEDU y el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios del SINEACE. Intervenir sin conocer esos marcos no es opinión informada; es intuición sin sustento. Y cuando esa intuición aparece solo frente a lo público —nunca frente a lo privado—, deja de ser técnica para convertirse en posición política.