No son 800 los casos de violencia sexual en Condorcanqui: Rosemary Pioc Tenazoa vuelve a inflar cifras

La exsubprefecta de Condorcanqui Rosemary Pioc, incurrió nuevamente en imprecisiones al referir cifras sin respaldo institucional. Lo concreto es que la UGEL Condorcanqui ha separado a 622 docentes en ejercicio dentro de la provincia amazónica.

Por Leonardo Serrano Zapata

Las declaraciones difundidas por RPP el 16 de marzo de 2026, durante el programa Ampliación de Noticias conducido por Mávila Huertas y Fernando Carvallo, contienen imprecisiones factuales que, de no ser corregidas, distorsionan el debate público y desorientan a la ciudadanía sobre el trabajo real del Estado en el territorio awajún-wampis, en la provincia de Condorcanqui (Amazonas).

Nadie que conozca la realidad de esa provincia puede minimizar la gravedad de la violencia sexual que afecta a niños, niñas y adolescentes en las comunidades nativas. Eso no está en discusión. Lo que sí merece ser puesto en su lugar son las cifras y los hechos que se presentan al país: una política pública mal informada es, en el mejor de los casos, ineficiente; en el peor, contraproducente.

 Las cifras reales

El 16 de marzo, Rosemary Pioc Tenazoa —dirigente de una organización de mujeres awajún— afirmó en RPP que "más de 800 casos van a quedar en la impunidad en la región". Esa cifra es inexacta y ha circulado en otros medios como La República

Según fuentes consultadas para este artículo, la UGEL Condorcanqui registra, al 20 de marzo de 2026, un total de 664 expedientes por presunta violencia sexual, acumulados entre 2010 y 2026. De ese universo, 155 están pendientes de resolución definitiva —136 en fase de investigación y 19 instaurados—, mientras que 97 cuentan ya con resolución conclusiva emitida. La cifra de 800 no corresponde a ningún campo, sumatoria ni categoría del sistema de la UGEL, el Ministerio Público o el Centro de Emergencia Mujer. Sencillamente, no existe.

¿Importa la diferencia entre 155 y 800? Enormemente. Inflar una cifra produce un doble daño: genera alarma que no refleja el estado real del proceso administrativo y, cuando los datos oficiales salen a la luz, debilita la credibilidad del propio mensaje. La causa de las víctimas exige exactitud, no dramatismo numérico.

Sobre las fiscalías especializadas

La entrevistada señaló que en diciembre de 2025 cerraron las fiscalías especializadas instaladas en los ríos Santiago, Cenepa y Nieva. Es cierto que las restricciones presupuestales afectaron su operatividad y que ello generó —con razón— la indignación de las comunidades. Sin embargo, para el periodo 2026 las fiscalías retomaron funciones con presupuesto reasignado por emergencia, hecho que la propia Pioc Tenazoa reconoció durante la entrevista al señalar: "ahora ya tienen el presupuesto para el 2026". Presentar un cierre temporal como definitivo, o como la situación actual, no corresponde a los hechos al momento de la entrevista.

La verdad: 622 ciudadanos que ejercieron la función docente fueron separados

Pioc Tenazoa afirmó también que docentes denunciados por abuso sexual podrían reincorporarse a las aulas. Es quizás el punto que más requiere matiz, porque confunde dos realidades distintas. Los procesos administrativos disciplinarios tienen plazos, etapas y garantías del debido proceso. Un expediente sin resolución definitiva no equivale automáticamente a impunidad: puede estar en trámite, haber sido apelado ante SERVIR o encontrarse pendiente de notificación.

Lo que el CPPADD garantiza es que ningún docente con medida de separación cautelar activa —622 casos a la fecha— retorna al aula durante el proceso. La separación cautelar es, precisamente, el mecanismo que protege a los estudiantes mientras dura la investigación. Equiparar "proceso no concluido" con "docente libre en el aula" genera una percepción de impunidad que no describe la realidad operativa del sistema.

La verdad que aún nos duele

Corregir cifras inexactas no equivale a negar el problema. La violencia sexual en Condorcanqui es una crisis de proporciones alarmantes. Sin embargo, salir al espacio público con datos que la realidad y nos registros no respalda —800 casos de impunidad cuando los registros muestran 155 expedientes pendientes, pero en investigación— no fortalece la causa de las víctimas. La debilita, porque abre flancos a quienes prefieren desacreditar la denuncia antes que atenderla.

Los números no son burocracia. Cada uno de esos 155 expedientes representa una familia que espera justicia. Para eso se necesita presupuesto, presencia territorial, articulación interinstitucional y, sobre todo, información precisa que oriente —y no confunda— la acción del Estado.