Pensión digna para los maestros: Gobierno de Balcázar tiene 90 días para reglamentar la norma aprobada con 66 votos.

El Congreso aprobó con 66 votos la norma que equipara las pensiones docentes a S/ 3.300 mensuales. El camino legislativo terminó; el presupuestario, recién empieza.

Por Leonardo Serrano Zapata

En la madrugada del 20 de marzo de 2026, el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación —con 66 votos a favor y 12 abstenciones— la ley que incrementa las pensiones de los docentes jubilados del Perú. La norma establece que los maestros retirados percibirán una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, actualmente fijada en S/ 3.300 mensuales.

Muchos docentes jubilados cobran hoy entre S/ 400 y S/ 800 mensuales, dependiendo de su régimen previsional. El salto a S/ 3.300 representa un incremento superior al 300 %.

Los beneficiarios directos son al menos 162.000 maestros —jubilados y cesantes de educación básica, alternativa, especial y técnico-productiva, incluidos los afiliados al sistema privado de pensiones.

 ¿El ejecutivo enviara la ley al Tribunal Constitucional?

El Ministerio de Economía —hoy a cargo del economista Rodolfo Acuña Namihas— previamente observó la norma por inviabilidad fiscal; el Parlamento respondió aprobándola por insistencia.

 El Ejecutivo tiene 90 días para reglamentar los procedimientos de acceso, cronogramas de pago y mecanismos de verificación. El MEF y el Ministerio de Educación —a cargo de la profesora Esther Cuadros Espinoza— deben coordinar la asignación presupuestal, pues la norma no contempla una fuente de financiamiento automática. Todo dependerá de la voluntad política de la gestión de José María Balcázar y del próximo gobierno al armar cada presupuesto anual.

Sin embargo, su futuro es incierto. El Ejecutivo podría impugnarla ante el Tribunal Constitucional mediante una demanda competencial —no sería la primera vez. El tribunal ya evalúa la constitucionalidad de la Ley N.° 32390, que ordena nombrar a docentes del proceso 2022, también aprobada por insistencia. El patrón se repite: el Parlamento legisla, el Ejecutivo resiste ante el riesgo fiscal y el TC arbitra una disputa que es tanto fiscal como política.

El debate fiscal que no puede ignorarse

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que la implementación costaría S/ 5.600 millones anuales sin fuente de financiamiento identificada. Analistas del Instituto Peruano de Economía (IPE) alertaron que ejecutarla sin gradualidad sería "retroceder al Perú de los 80". ComexPerú y el Consejo Privado de Competitividad rechazaron la norma por reactivar el esquema de cédula viva.

El Congreso planteó financiarla con impuestos a colegios privados y retenciones a docentes en ejercicio. Los economistas consideran esa fuente insuficiente para cubrir una brecha de más de cinco mil millones de soles.

La propuesta más extendida entre especialistas —incluido el exministro Idel Vexler— es la gradualidad: incrementos escalonados por tramos semestrales que permitan al Estado reordenar sus finanzas sin sacrificar otros servicios.

El magisterio en la agenda electoral 2026

Con las elecciones generales de 2026 en su fase final de la eventual primera vuelta y a vísperas del debate presidencial, el tema pensionario docente se ha convertido en un termómetro político de primer orden. Los planes de gobierno revelan con claridad las intenciones de cada candidato:

 Ronald Atencio (Venceremos) propone una reforma integral del sistema previsional que garantice pensiones dignas, apostando por un cambio de arquitectura y no por un simple parche presupuestal. Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) presenta la iniciativa más elaborada: un Programa Nacional de Jubilación Ordenada por Incentivos que permitiría a los docentes con 30 años de servicio acceder al retiro voluntario con beneficios estructurados y acompañamiento social, combinando derechos adquiridos con planificación fiscal responsable.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) centra su compromiso en saldar la deuda social histórica, garantizando el pago de beneficios devengados que el Estado nunca honró. Yonhy Lescano (Cooperación Popular) plantea una reforma sistémica más amplia: que la pensión mínima cubra el 100 % de la canasta básica del adulto mayor al 2031, lo que incluiría automáticamente a los maestros jubilados.

En cuanto a las remuneraciones de los docentes en ejercicio, Grozo incorpora a su programa una escala salarial progresiva con la meta de que ningún maestro gane menos que una canasta familiar digna, más seguros médicos ampliados y créditos para vivienda. Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se enfoca en revertir la precarización laboral, con especial atención a los maestros de zonas rurales y comunidades de menores recursos.

 

Dato clave para el magisterio: El partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, presentó una reconsideración en junio de 2025 para que el proyecto de Ley N° 3864 y otros aprobada en primera votación, regrese a la comisión de presupuesto. 

¿El magisterio saldrá a las calles?

Es significativo que el presidente encargado, José María Balcázar, haya presidido la Comisión de Educación que impulsó esta norma. Conoce de cerca la historia de las promesas incumplidas en el sector Educación.

Como referencia: el gobierno de transición de Valentín Paniagua otorgó a los maestros una bonificación de S/ 47,26 cuando el docente ganaba S/ 716,57 mensuales. Veinticinco años después, el Congreso aprueba S/ 3.300.

Las preguntas surgen naturalmente: ¿se cumplirá esta vez? ¿O los maestros volverán a las calles —como en la huelga de 2017— paralizando las aulas y poniendo al país ante una crisis que ya vivió y no supo resolver?