"Nadie sabe para quién trabaja": la ministra María Esther Cuadros y el aumento salarial docente en institutos y escuelas de educación superior pedagógica

El Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para docentes: las políticas de Estado por encima de la política de gobierno.

Por Leonardo Serrano Zapata 

Hay una escena que se repite con llamativa regularidad en la política peruana: quien pelea, negocia y desgasta su capital en las trincheras pocas veces aparece en la foto. 

Quien llega al final —con el decreto firmado y la prensa convocada— se lleva los aplausos. Eso es, precisamente, lo que ocurre con el aumento salarial a los docentes de institutos y escuelas de educación superior pedagógica anunciado por el Ministerio de Educación.

La huelga que dio origen a estas demandas se produjo durante el gobierno de Dina Boluarte. Los compromisos concretos se asumieron cuando Morgan Quero era ministro. La sustentación técnica ante la Comisión de Presupuesto del Congreso —el trámite más árido y menos visible de cualquier proceso presupuestal— fue responsabilidad de ese equipo. Hoy, la ministra María Esther Cuadros Espinoza ejecuta lo que otros construyeron, desde una posición en la que, por cierto, ella misma participó.

En ese contexto, la actual ministra no hace sino llevar a término una política que comenzó como iniciativa de gobierno y se fue consolidando hasta convertirse en política de Estado. Como reza el dicho popular: "nadie sabe para quién trabaja."

No se trata de un acto de mala fe. Es la mecánica natural del poder: los ciclos políticos rara vez coinciden con los ciclos de las políticas públicas. En ese desfase, siempre hay quien recoge los frutos de un esfuerzo sembrado por otros.

Algo similar ocurrió con las Escuelas Bicentenario, concebidas durante el gobierno de Vizcarra e implementadas a lo largo de las gestiones de Pedro Castillo, Dina Boluarte y los ministros de José Jerí y José María Balcázar. Su entrega final corresponderá al próximo gobierno. Este es el signo de toda política de largo aliento: trasciende a quienes la inician.

Esto revela una característica esencial de la gestión pública: muchas decisiones no producen resultados inmediatos, sino que se proyectan en el tiempo. 

Quienes diseñan y defienden las políticas no siempre son quienes las implementan. Por ello, más que atribuir logros a personas o administraciones específicas, corresponde reconocer este aumento como parte de una política de Estado.

Junto al incremento salarial que beneficia a 971 docentes formadores, no debe perderse de vista que varios institutos pedagógicos y escuelas de formación docente atraviesan procesos clave de licenciamiento y acreditación, ya sea ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o ante el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria (CONEACES). Estos procesos son fundamentales para garantizar estándares de calidad y exigen políticas sostenidas, no medidas aisladas.

El próximo gobierno deberá decidir si apuesta por fortalecer la educación superior pedagógica con visión de largo plazo, o si opta por la política del bombero: apagar incendios sin construir nada duradero.

Porque en educación, lo verdaderamente importante no es quién corta la cinta. Es quién garantiza que los cambios perduren.