El ministro de Educación Erfurt Castillo Vera presiona para financiar las universidades que Balcázar creó desde el Congreso
Fuentes del Minedu revelan que el ministro Castillo Vera amenaza con despidos a quienes se nieguen a presupuestar las universidades creadas por el presidente Balcázar.
Por Leonardo Serrano Zapata
José María Balcázar, hoy presidente
encargado del despacho presidencial del Perú, impulsó y fue autor —durante su
paso por el Congreso como presidente de la Comisión de Educación, Juventud y
Deporte— de proyectos de ley que dieron origen a cerca de 20 universidades
públicas sin fuente de financiamiento definida. En 2025, el Congreso aprobó la
Ley N.° 32461, que crea veinte nuevas universidades nacionales en diversas
regiones del país.
Fuentes del Ministerio de Educación
informaron a este medio que el ministro Erfurt Manuel Castillo Vera estaría
presionando a funcionarios del Minedu para facilitar la asignación de S/4
millones a cada una de esas universidades —un desembolso aproximado de S/80
millones—, bajo amenaza de despido a quienes no acaten la medida.
Esta conducta colisionaría con la Ley
General de Educación, la Ley del Presupuesto General de la República y la Ley
de Ética en la Función Pública, que prohíben a los funcionarios intervenir en
decisiones en las que tienen interés directo o previo. La pregunta es
inevitable: ¿Balcázar actúa movido por un compromiso genuino con la educación o
por un cálculo electoral? El Minedu, también tiene pendiente designar 20
comisiones organizadoras, estás podrían deparar más de una sorpresa.
El patrón no es nuevo. Desde esa misma
Comisión de Educación, Balcázar impulsó la Ley 32171, que autorizó el
nombramiento excepcional de docentes contratados en universidades públicas sin
concurso. El principal beneficiado fue su propio hijo, José Balcázar Quiroz,
quien obtuvo una plaza en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El
mandatario nunca declaró el vínculo familiar, como exige el Código de Ética
Parlamentaria. Un antecedente que el Congreso no debería ignorar al evaluar la
cuestión de confianza al gabinete Miralles.
SUNEDU en la mira
La situación más delicada involucraría la
gestión de SUNEDU. Las mismas fuentes señalan que el ministro Castillo Vera
estaría exigiendo la remoción del superintendente Vicente Paul Espinoza
Santillán, incorporado al organismo como representante del Ministerio de
Educación ante el Consejo Directivo mediante Resolución Ministerial N.°
553-2025-MINEDU, y designado formalmente como superintendente a través de la
Resolución Ministerial N.° 580-2025-MINEDU, publicada el 28 de diciembre de
2025.
Con respecto a la designación del
superintendente de la SUNEDU; El artículo 20 de la Ley Universitaria
(Ley N.º 30220) establece: “El Superintendente de la SUNEDU es la
máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del pliego presupuestal. Es
elegido por el periodo de tres años entre los miembros del Consejo Directivo
y su designación es efectuada mediante resolución ministerial del titular del
sector.”.
El marco legal no deja margen a la ambigüedad.
El artículo 20 de la Ley Universitaria establece que el superintendente,
Vicente Paul Espinoza Santillán, "es la máxima autoridad ejecutiva de
la entidad" y fue elegido por el Consejo Directivo por un periodo de
tres años. De concretarse su remoción por presión política, la medida
vulneraría la autonomía institucional que la propia norma reconoce a SUNEDU.
Antonio Basurto Zapata, designado en
PRONABEC:
En ese contexto, con Resolución Ministerial N° .134-2026-MINEDU Minedu designó a Rafael Antonio Basurto Zapata como nuevo director ejecutivo de PRONABEC, el programa responsable de Beca 18. Su perfil: psicólogo organizacional por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), MBA internacional y ejecutivo de recursos humanos. La conexión con quien lo nombró es precisa: tanto Basurto Zapata como el ministro Castillo Vera son psicólogos organizacionales egresados de la misma Facultad de Psicología de la UNFV, donde ambos ejercieron la docencia del 2021 al 2024.
Durante el proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional convocado por el Congreso, la abogada Patricia Jannett Velasco Valderas fue excluida del concurso tras la evaluación de la comisión especial presidida por el entonces congresista José María Balcázar Zelada.
Según la Resolución N.º 002/034-V-2020-CETC-CR, la comisión determinó que la postulante incumplió el reglamento al no adjuntar documentos vinculados a su solvencia e idoneidad moral. El texto de la resolución es explícito: Velasco Valderas "no cumplió con adjuntar copias simples de las piezas principales de los procesos judiciales, investigaciones o diligencias preliminares, procedimientos administrativos disciplinarios o funcionales [...] relacionadas con su solvencia e idoneidad moral". Su recurso de apelación fue declarado improcedente y se dispuso el archivo definitivo de su participación.
Seis años después, el ministro Erfurt Manuel
Castillo Vera la designó jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
mediante la Resolución Ministerial N.º 121-2026-MINEDU, en reemplazo del
abogado Luis Herrera Romero. La paradoja es difícil de ignorar: quien fue
descartada por la comisión que presidía Balcázar ocupa hoy un cargo de
confianza en el ministerio que él controla desde la presidencia.
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La salida del abogado Herrera Romero no
sorprende: su desconocimiento del sector educativo era evidente. Sin embargo,
su salida añade otro ángulo al episodio. Según registros públicos, el exjefe de
gabinete participó en reuniones políticas junto al economista Hernando de Soto,
incluido un encuentro con el presidente Balcázar previo a la fallida
designación de De Soto como premier.
¿Balcázar o Cerrón? ¿Quién gobernará
el Perú en los próximos meses?
Sobre este escenario se proyecta una sombra
mayor. El 9 de marzo, el periodista Bruno Amoretti difundió —y César
Hildebrandt presentó en su programa— un documento atribuido al Tribunal
Constitucional que habría declarado fundada la demanda de la defensa de
Vladimir Cerrón, anulando las resoluciones que denegaron variar su prisión
preventiva. La sentencia de 14 páginas llevaría la firma del magistrado ponente
Pedro Hernández Chávez —cuya elección al TC en 2023 generó cuestionamientos— y
contaría con cuatro votos a favor. Al cierre de esta nota, el fallo no figuraba
en el portal oficial del Tribunal. Esta medida sería leída y ejecutada por el
TC el miércoles 11 de marzo.
La coincidencia de fechas obliga a una
pregunta que el sector ya no puede eludir: ¿las presiones sobre el Minedu, el
financiamiento de las 20 universidades y la remoción del superintendente de
SUNEDU son decisiones de Balcázar, o forman parte de un acuerdo mayor
articulado por Vladimir Cerrón, quien declaró que este gobierno era "la
recuperación del proyecto"? Gremio, partido, ministerio y —quizás— el
líder de Perú Libre parecería operar sobre el mismo eje.
Mientras tanto, cientos de colegios con
infraestructura deficiente aguardan el inicio del año escolar 2026. La pregunta
sigue en pie: presidente Balcázar, ¿a quién sirve realmente el presupuesto
educativo del Perú?
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