Esther Cuadros Espinoza, ministra de Educación: el debate sobre la idoneidad para el cargo
A la titular del Minedu se le cuestiona que los dos títulos obtenidos en la Escuela Normal Superior Experimental Toribio Rodríguez de Mendoza no sean suficientes para acreditar idoneidad en el cargo de ministra de Educación. Los documentos plantean un panorama más complejo.
Por Leonardo Serrano Zapata
El domingo 29 de marzo de 2026, el medio La Noticia publicó una acusación de aparente precisión: la ministra de Educación María Esther Cuadros Espinoza, designada el 17 de marzo, carecería de título profesional válido. La prueba esgrimida era contundente: en Sunedu no figura ningún registro a su nombre.
El problema es que ese argumento parte de un error técnico que lo invalida desde la primera línea. Sunedu fue creada en 2014 y tiene competencia exclusiva sobre universidades. Los títulos pedagógicos de institutos y escuelas normales no se inscriben ahí, sino en el Minedu.
Sobre esa premisa equivocada se construyó el resto de los cuestionamientos: que la Escuela Normal Superior Experimental Toribio Rodríguez de Mendoza, fue suprimida por el gobierno de Velasco; que el sistema ya no existe; que el título no cumpliría los estándares de la Ley N.° 31419 para ejercer cargos de alta dirección; y que al suscribir una declaración jurada afirmando contar con "formación superior completa", la entonces viceministra podría haber incurrido en falsedad, con implicancias bajo el artículo 438 del Código Penal.
Aquí radica el nudo central, y frente a él
existen dos posiciones legítimas.
La primera sostiene que la Escuela Normal
Superior Experimental era, por definición, una institución de educación
superior: no solo formaba maestros de primaria básica, sino docentes para el
nivel secundario con especialidad disciplinar, lo que en el esquema de la época
era equivalente funcional a lo que hoy hace un instituto pedagógico superior.
El calificativo "Superior" en su denominación la diferenciaba
expresamente de las normales básicas, y muchos docentes formados en estas
instituciones fueron incorporados al escalafón magisterial sin objeción durante
décadas, muchos de ellos cesantes o jubilados.
La segunda posición plantea que la Ley N°
29944 exige formación inicial docente en institutos o universidades con no
menos de diez semestres académicos y acreditación del SINEACE, estándares que
las normales de los años sesenta y setenta no contemplaban en los términos
actuales.
Una cosa es el reconocimiento del título para
el ejercicio docente en la carrera pública magisterial, donde la Decimotercera
Disposición Complementaria de la Ley N° 29944 ofrece cierto margen de argumento
para títulos expedidos por instituciones formalmente establecidas por el
Estado. Otra cosa es el acceso a la alta función pública bajo la Ley N° 31419,
que exige "formación superior completa" como condición para
ejercer cargos de viceministro o ministro, y donde el estándar aplicable es
distinto y más exigente.
Los títulos de la ministra
Los títulos obtenidos por Esther Cuadros
Espinoza fueron emitidos por la Escuela Normal Superior Experimental Toribio
Rodríguez de Mendoza de la ciudad de Lima y se encuentran registrados en el
Ministerio de Educación.
El primero es el título de Profesora de
Educación Primaria, de fecha 11 de abril de 1967, firmado entre otros por el ex
ministro de Educación Enrique Tola Mendoza durante el primer gobierno del
arquitecto Fernando Belaunde Terry, y formalizado mediante la Resolución
Directoral 2242 del 11 de marzo de 1967, con inscripción en el Registro General
del Ramo con el número 29269-G.
Sin embargo, la historia institucional de esa
escuela introduce una complejidad que el debate no puede ignorar. La Ley
General de Educación N° 19326, promulgada en 1972 bajo el gobierno de Velasco,
eliminó la denominación de escuelas normales como categoría institucional y las
reemplazó por las Escuelas Superiores de Educación Profesional.
Además del registro en el Ministerio de
educación de los títulos de la ministra. El Minedu se ha pronunciado
institucionalmente sobre esta materia a través de tres documentos internos de
2023: el Informe N° 00371-2023-MINEDU/SG-OGAJ, firmado por el jefe de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, Mariano Miguel Castañeda Ferradas, que
concluye que la Ley N° 31419 reconoce los títulos de institutos de educación
superior como supuesto propio e independiente de "formación superior
completa" conforme al literal f) del artículo 3, y no como una simple
equivalencia al título universitario.
El Informe N° 00141-2023-MINEDU/SG-OGRH,
suscrito por Gloria del Carmen Guadalupe Rodríguez Vega, que identifica 31
cargos directivos de libre designación en el Minedu para los cuales aplica
expresamente esa equiparación y concluye que dichos títulos tienen pleno
reconocimiento en el Ministerio como instancia rectora; y el Oficio N°
1600-2023-MINEDU/SG, remitido por la Secretaria General Magaly Virginia
Villafuerte Falcón a la presidenta ejecutiva de SERVIR, que establece que todo
grado académico se reconoce desde su expedición con independencia de la fecha
de emisión y que los procesos de acreditación y licenciamiento no afectan la
validez de los títulos emitidos con anterioridad.
Si bien existe posición oficial del Minedu
anterior a la controversia, si bien el alcance definitivo y la determinación
final sobre la idoneidad del cargo corresponden a las autoridades competentes.
Las escuelas normales en el Perú: historia y grandes maestros
Años después, la expansión fue acelerada y con
propósito. Hacia la década de los treinta, el Estado buscó elevar la formación
creando tres grados: maestros normalistas elementales, normalistas de segundo
grado y maestros de secundaria. En los años cincuenta y sesenta el crecimiento
se volvió explosivo: de 14 escuelas normales en 1960 se pasó a 111 en 1968, una
por provincia en muchos casos.
El
argumento implícito del cuestionamiento —que una escuela normal no puede formar
a alguien idóneo para la función pública— se desmonta al revisar quiénes
salieron de esas aulas. El registro de las Palmas Magisteriales, la historia de
la educación peruana y las propias universidades públicas del país cuentan una
historia distinta.
Algunas de esas escuelas normales, además, no desaparecieron: se transformaron. La Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle alcanzó rango universitario en 1967 y hoy es la Universidad Nacional de Educación, conocida como La Cantuta. El mismo proceso ocurrió con casas de estudio en otras regiones del país.
Esa trayectoria produjo figuras que marcaron
la educación nacional:
José Antonio Encinas, considerado el mayor
reformador pedagógico del siglo XX, egresó de la primera promoción de la
Escuela Normal de Varones de Lima.
Everardo Zapata Santillana, autor del libro
Coquito, se graduó en la Escuela Normal de Varones San Juan Bautista de La
Salle en Arequipa en 1946.
Grover Pango Vildoso, ex ministro de Educación
entre 1985 y 1987, es egresado de la Escuela Normal Superior de Varones de
Chorrillos, entre otros docentes. Estos normalistas no solo formaron
generaciones enteras de peruanos: participaron activamente en las principales
reformas que dieron origen al sistema meritocrático e institucional que hoy
rige la carrera docente.
Docentes cesantes y jubilados relegados en un
eventual gobierno fujimorista
Lo anterior no constituye una defensa a la
ministra María Esther Cuadros Espinoza: el debate sobre su idoneidad para el
Ministerio de Educación no solo es legítimo, sino necesario, considerando su
extensa trayectoria en la burocracia estatal, sus vínculos políticos
documentados desde 1995 y su desempeño como viceministra; sin embargo, ese
debate debe sostenerse en hechos verificados y no en errores conceptuales como
la confusión entre Sunedu y el Ministerio de Educación del Perú, una
imprecisión que, presentada como argumento técnico, pretende borrar de un
plumazo la historia formativa de generaciones de maestros egresados de escuelas
normales.
Los candidatos a la presidencia del Perú, han
dejado de lado una discusión más urgente: la ley de jubilación docente, sobre
la cual Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular ya ha anunciado que acudirá
al Tribunal Constitucional del Perú, sin que exista hasta ahora una posición
clara de los actores políticos respecto a si la impugnarán, la implementarán de
manera progresiva o propondrán una alternativa que garantice pensiones justas
sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Tanto la ministra Cuadros como el presidente José María Balcázar conocen, desde distintas responsabilidades, la realidad de los docentes, lo que refuerza la urgencia de colocar en el centro del debate la pensión docente, una deuda histórica que no debería seguir postergándose.





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