Primer debate presidencial: Once candidatos, dos temas, una pregunta: ¿Qué promesas pueden cumplirse y cuáles no?

Revisamos los planes de gobierno de los 11 candidatos a la presidencia antes del primer debate. Encontramos propuestas ambiciosas —algunas rimbombantes— pero muchas alejadas de la viabilidad o incluso de la pertinencia.

Por Leonardo Serrano Zapata







Esta noche, once candidatos presidenciales debaten en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Son, en orden de sorteo: José Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Álex Gonzales (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez (País para Todos) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021). Los moderadores son Fernando Carvallo y Claudia Chiroque.

Los temas de la noche son los que más le importan a los peruanos: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad en el primer y tercer bloque; una pregunta ciudadana en el segundo; y un minuto de cierre para cada candidato al final.

Estas son algunas de las propuestas que figuran en los planes de gobierno y que probablemente escuchemos esta noche: mando único entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el serenazgo; muerte civil para corruptos desde el primer día; victimización reducida al 5% en cinco años; órganos anticorrupción blindados en la Constitución. El problema es que varias de esas promesas chocan, de frente, con las leyes vigentes en el Perú.

El Perú registra tasas de victimización que superan el 25% según el INEI y una confianza institucional en niveles históricamente bajos. En ese terreno, los candidatos compiten por ofrecer las soluciones más contundentes. La pregunta que este análisis intenta responder es más sencilla: ¿cuáles de esas soluciones son realmente ejecutables? En ese sentido se le presenta al elector mapa de calor con las propuestas y la viabilidad de las mismas:

PROPUESTA

CANDIDATO / PARTIDO

VIABILIDAD

OBSERVACIÓN TÉCNICA

«Comando Perú»: mando único con privados y FF.AA.

Luna / Podemos Perú

NO VIABLE

Contradice DL 1267 y estructura del SINASEC

FF.AA. en zonas urbanas sin estado de emergencia

Lescano / Coop. Popular

NO VIABLE

Requiere Art. 137 CP: declaratoria de emergencia

Muerte civil con inhabilitación perpetua

Williams, Grozo, Lescano, Luna y Álvarez

NO VIABLE

Colisiona con Art. 139 CP y jurisprudencia CIDH

Central anticorrupción con «plenos poderes»

López Aliaga / Ren. Popular

NO VIABLE

Viola autonomía constitucional del Ministerio Público y el Poder Judicial

Meta: 5% de victimización al 2031

Luna / Podemos Perú

CONDICIONAL

Requiere respaldo metodológico e incluirlo en el  Plan de seguridad (2026-2028)

Compra sistemática de días de franco policial

Luna / Podemos Perú

CONDICIONAL

Requiere presupuesto adicional aprobado por el Congreso.

Unidades Itinerantes de Pacificación

López Aliaga / Ren. Popular

CONDICIONAL

Viable solo si se asigna presupuesto específico

Nueva Ley del SINASEC

López-Chau / Ahora Nación

CONDICIONAL

Factible con mayoría parlamentaria

Órgano anticorrupción de rango constitucional

Luna / Podemos Perú

CONDICIONAL

Exige Art. 206 CP: dos legislaturas + referéndum

Ley Marco de la Corrupción

Grozo / Integridad Dem.

CONDICIONAL

Viable mediante proceso legislativo ordinario

Autoridad Nacional de Transparencia e Integridad

Pérez Tello / Primero la Gente

CONDICIONAL

Requiere ley orgánica; factible con mayoría parlamentaria

Simplificación del Estado anticorrupción

Álvarez / País para Todos

CONDICIONAL

Aspiración legítima; carece de detalle operativo

IA, drones y mapas de calor del delito

Williams, Acuña, Pérez Tello

VIABLE

Compatible con Plan Nacional 2026-2028

Plataforma «Tela de Araña» antilavado

Williams / Avanza País

VIABLE

Alineado con sistema antilavado vigente

Big Data + digitalización de mapas del crimen

Pérez Tello / Primero la Gente

VIABLE

Ejecutable con presupuesto MININTER existente

Georreferenciación + urbanismo táctico

Gonzales / Demócrata Verde

VIABLE

Ejecutable con presupuesto municipal

Redefinición operativa del CONASEC

Álvarez / País para Todos

VIABLE

Solo requiere decreto reglamentario

Modelo de dos policías (comunitaria + detective)

Olivera / Frente Esperanza

VIABLE

Requiere reforma DL 1267, no reforma constitucional

Portal de datos abiertos en tiempo real

López-Chau / Ahora Nación

VIABLE

Compatible con Ley 27806 de Transparencia

Transparencia activa obligatoria permanente

Gonzales / Demócrata Verde

VIABLE

Ejecutable por decreto reglamentario

Sistema VigIA (modelo colombiano)

Acuña / APP

VIABLE

Adaptable al sistema SEACE del OSCE

Auditorías preventivas

Olivera / Frente Esperanza

VIABLE

Dentro del mandato actual de la Contraloría

Uso de Drones, reconocimiento facial, unidades de flagrancia, reforma penitenciaria y patrullaje integrado en puntos críticos

Luna / Podemos Perú

VIABLE

Dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028

«Que me digan la verdad, nomás»

Son las 7:47 de la noche del 23 de marzo de 2026. Jorge Quispe, taxista de 52 años, entra a su casa en Villa El Salvador con el cansancio pegado en la ropa, se sienta frente al televisor sin haber cenado y murmura: "A ver qué dicen esta vez".

Hoy hay debate presidencial. El mes pasado le rompieron el vidrio del carro, su vecino fue extorsionado por una banda que opera desde el penal y su hijo lleva seis meses buscando trabajo porque el jefe de personal le pidió "una colaboración". Jorge no necesita que nadie le explique qué son la inseguridad ni la corrupción: las conoce de cerca. Lo que quiere saber esta noche es si alguno de esos candidatos tiene algo real que ofrecerle. "Que me digan la verdad, nomás", dice. Y sube el volumen.

El mando único que la ley no permite

El programa "Comando Perú" de José Luna Gálvez propone articular a la PNP, las Fuerzas Armadas, el serenazgo y la seguridad privada bajo un solo mando operativo. La idea es atractiva; la realidad jurídica, no tanto. La Ley de la PNP (DL 1267) delimita con precisión los ámbitos de cada institución, y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece la rectoría del Ministerio del Interior —no la de un mando unificado—. Incorporar operadores privados en esa cadena generaría conflictos legales sin salida inmediata.

En la misma línea, la propuesta de Yonhy Lescano de desplegar las Fuerzas Armadas en zonas urbanas requiere, por mandato constitucional, una declaratoria de estado de emergencia o una reforma legislativa. Presentarla como medida ordinaria omite ese requisito. Y la historia es elocuente: mantener al país en estado de emergencia permanente no le funcionó a ninguno de sus predecesores.

La meta ambiciosa sin plan

José Luna se compromete también a reducir la tasa de victimización al 5% para 2031. Hoy esa cifra supera el 25%, según el INEI. Es una aspiración válida, pero sin explicación de cómo alcanzarla. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, aprobado este año, no contempla esa meta, y no existe respaldo presupuestal ni metodológico que la sustente. La propuesta quedará en el aire mientras el candidato no detalle qué cambios estructurales la harían posible.

La muerte civil y la Constitución

Cinco candidatos —Williams, Álvarez, Grozo, Lescano y Luna— proponen la muerte civil para funcionarios corruptos. La demanda ciudadana es comprensible: Jorge Quispe, en su sillón, aplaudiría. Pero en su versión más radical —inhabilitación perpetua con pérdida de derechos civiles—, la medida colisiona con el artículo 139 de la Constitución, que reconoce el principio de reinserción social, y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha sido consistente: las sanciones sin posibilidad de revisión son incompatibles con el sistema interamericano. Aplicarla no es un decreto del primer día. Es una reforma constitucional.

Lo que podría funcionar

No todo son promesas vacías. El portal de datos abiertos de Alfonso López-Chau, la transparencia activa obligatoria de Álex Gonzales y el sistema VigIA de César Acuña —que cruza datos de compras públicas para detectar irregularidades— son propuestas compatibles con el marco legal vigente. El detalle estará en la metodología y el presupuesto. El modelo de dos policías de Fernando Olivera y el uso de inteligencia artificial para mapeo del delito, presente en varios planes, también se alinean con el Plan Nacional aprobado. Incluso algunas propuestas de Podemos Perú encajan en ese marco: drones, reconocimiento facial, unidades de flagrancia, reforma penitenciaria y patrullaje integrado en puntos críticos son medidas que el Plan contempla expresamente. Al menos en eso hay coincidencia.

El patrón de las propuestas inviables

Las promesas que no resisten un análisis básico comparten un rasgo común: ofrecen resultados para el primer año que, en realidad, exigen reformas constitucionales, presupuestos incompatibles con el propio Plan Nacional, modificaciones legales que ningún Ejecutivo puede impulsar en solitario o aprobaciones presupuestarias adicionales del Congreso. Eso no las invalida como visiones de largo plazo, pero sí obliga a decirlo con claridad.

El televisor se apaga

A las 9:40 de la noche, cuando apaguemos la pantalla o cambiemos de canal, quedará una sola pregunta: ¿habremos visto una ruta concreta para reducir la criminalidad y la corrupción, o solo habremos asistido a un concurso de populismo, golpes bajos y trapos sucios puestos al sol?

Al igual que Jorge Quispe, los peruanos merece saberlo. Antes de votar.

#votoinformado

 

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