Primer debate presidencial: Once candidatos, dos temas, una pregunta: ¿Qué promesas pueden cumplirse y cuáles no?
Revisamos los planes de gobierno de los 11 candidatos a la presidencia antes del primer debate. Encontramos propuestas ambiciosas —algunas rimbombantes— pero muchas alejadas de la viabilidad o incluso de la pertinencia.
Por Leonardo Serrano Zapata
Esta noche, once candidatos presidenciales debaten en el
Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Son, en orden de sorteo: José
Williams (Avanza País), José Luna (Podemos Perú), Yonhy Lescano
(Cooperación Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Alfonso
López-Chau (Ahora Nación), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Álex
Gonzales (Demócrata Verde), Rafael López Aliaga (Renovación
Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Carlos Álvarez
(País para Todos) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021). Los
moderadores son Fernando Carvallo y Claudia Chiroque.
Los temas de la noche son los que más le importan a los peruanos: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad en el primer y tercer bloque; una pregunta ciudadana en el segundo; y un minuto de cierre para cada candidato al final.
Estas son algunas de las propuestas que figuran en los planes de gobierno y que probablemente escuchemos esta noche: mando único entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el serenazgo; muerte civil para corruptos desde el primer día; victimización reducida al 5% en cinco años; órganos anticorrupción blindados en la Constitución. El problema es que varias de esas promesas chocan, de frente, con las leyes vigentes en el Perú.
El Perú registra tasas de victimización que superan el
25% según el INEI y una confianza institucional en niveles históricamente
bajos. En ese terreno, los candidatos compiten por ofrecer las soluciones más
contundentes. La pregunta que este análisis intenta responder es más sencilla:
¿cuáles de esas soluciones son realmente ejecutables? En ese sentido se le
presenta al elector mapa de calor con las propuestas y la viabilidad de las
mismas:
|
PROPUESTA |
CANDIDATO / PARTIDO |
VIABILIDAD |
OBSERVACIÓN TÉCNICA |
|
«Comando
Perú»: mando único con privados y FF.AA. |
Luna /
Podemos Perú |
NO VIABLE |
Contradice
DL 1267 y estructura del SINASEC |
|
FF.AA.
en zonas urbanas sin estado de emergencia |
Lescano
/ Coop. Popular |
NO VIABLE |
Requiere
Art. 137 CP: declaratoria de emergencia |
|
Muerte
civil con inhabilitación perpetua |
Williams,
Grozo, Lescano, Luna y Álvarez |
NO VIABLE |
Colisiona
con Art. 139 CP y jurisprudencia CIDH |
|
Central
anticorrupción con «plenos poderes» |
López
Aliaga / Ren. Popular |
NO VIABLE |
Viola
autonomía constitucional del Ministerio Público y el Poder Judicial |
|
Meta:
5% de victimización al 2031 |
Luna /
Podemos Perú |
CONDICIONAL |
Requiere
respaldo metodológico e incluirlo en el Plan de seguridad (2026-2028) |
|
Compra
sistemática de días de franco policial |
Luna /
Podemos Perú |
CONDICIONAL |
Requiere
presupuesto adicional aprobado por el Congreso. |
|
Unidades
Itinerantes de Pacificación |
López
Aliaga / Ren. Popular |
CONDICIONAL |
Viable
solo si se asigna presupuesto específico |
|
Nueva
Ley del SINASEC |
López-Chau
/ Ahora Nación |
CONDICIONAL |
Factible
con mayoría parlamentaria |
|
Órgano
anticorrupción de rango constitucional |
Luna /
Podemos Perú |
CONDICIONAL |
Exige
Art. 206 CP: dos legislaturas + referéndum |
|
Ley
Marco de la Corrupción |
Grozo /
Integridad Dem. |
CONDICIONAL |
Viable
mediante proceso legislativo ordinario |
|
Autoridad
Nacional de Transparencia e Integridad |
Pérez
Tello / Primero la Gente |
CONDICIONAL |
Requiere
ley orgánica; factible con mayoría parlamentaria |
|
Simplificación
del Estado anticorrupción |
Álvarez
/ País para Todos |
CONDICIONAL |
Aspiración
legítima; carece de detalle operativo |
|
IA,
drones y mapas de calor del delito |
Williams,
Acuña, Pérez Tello |
VIABLE |
Compatible
con Plan Nacional 2026-2028 |
|
Plataforma
«Tela de Araña» antilavado |
Williams
/ Avanza País |
VIABLE |
Alineado
con sistema antilavado vigente |
|
Big
Data + digitalización de mapas del crimen |
Pérez
Tello / Primero la Gente |
VIABLE |
Ejecutable
con presupuesto MININTER existente |
|
Georreferenciación
+ urbanismo táctico |
Gonzales
/ Demócrata Verde |
VIABLE |
Ejecutable
con presupuesto municipal |
|
Redefinición
operativa del CONASEC |
Álvarez
/ País para Todos |
VIABLE |
Solo
requiere decreto reglamentario |
|
Modelo
de dos policías (comunitaria + detective) |
Olivera
/ Frente Esperanza |
VIABLE |
Requiere
reforma DL 1267, no reforma constitucional |
|
Portal
de datos abiertos en tiempo real |
López-Chau
/ Ahora Nación |
VIABLE |
Compatible
con Ley 27806 de Transparencia |
|
Transparencia
activa obligatoria permanente |
Gonzales
/ Demócrata Verde |
VIABLE |
Ejecutable
por decreto reglamentario |
|
Sistema
VigIA (modelo colombiano) |
Acuña /
APP |
VIABLE |
Adaptable
al sistema SEACE del OSCE |
|
Auditorías
preventivas |
Olivera
/ Frente Esperanza |
VIABLE |
Dentro
del mandato actual de la Contraloría |
|
Uso
de Drones, reconocimiento facial, unidades de flagrancia, reforma
penitenciaria y patrullaje integrado en puntos críticos |
Luna /
Podemos Perú |
VIABLE |
Dentro
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028 |
«Que me digan la verdad, nomás»
Son las 7:47 de la noche del 23 de marzo de
2026. Jorge Quispe, taxista de 52 años, entra a su casa en Villa El Salvador
con el cansancio pegado en la ropa, se sienta frente al televisor sin haber
cenado y murmura: "A ver qué dicen esta vez".
Hoy hay debate presidencial. El mes pasado le
rompieron el vidrio del carro, su vecino fue extorsionado por una banda que
opera desde el penal y su hijo lleva seis meses buscando trabajo porque el jefe
de personal le pidió "una colaboración". Jorge no necesita que nadie
le explique qué son la inseguridad ni la corrupción: las conoce de cerca. Lo
que quiere saber esta noche es si alguno de esos candidatos tiene algo real que
ofrecerle. "Que me digan la verdad, nomás", dice. Y sube el volumen.
El mando único que la ley no permite
El programa "Comando Perú" de José
Luna Gálvez propone articular a la PNP, las Fuerzas Armadas, el serenazgo y la
seguridad privada bajo un solo mando operativo. La idea es atractiva; la
realidad jurídica, no tanto. La Ley de la PNP (DL 1267) delimita con precisión
los ámbitos de cada institución, y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
establece la rectoría del Ministerio del Interior —no la de un mando
unificado—. Incorporar operadores privados en esa cadena generaría conflictos
legales sin salida inmediata.
En la misma línea, la propuesta de Yonhy
Lescano de desplegar las Fuerzas Armadas en zonas urbanas requiere, por mandato
constitucional, una declaratoria de estado de emergencia o una reforma
legislativa. Presentarla como medida ordinaria omite ese requisito. Y la
historia es elocuente: mantener al país en estado de emergencia permanente no
le funcionó a ninguno de sus predecesores.
La meta ambiciosa sin plan
José Luna se compromete también a reducir la
tasa de victimización al 5% para 2031. Hoy esa cifra supera el 25%, según el
INEI. Es una aspiración válida, pero sin explicación de cómo alcanzarla. El
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, aprobado este año, no contempla
esa meta, y no existe respaldo presupuestal ni metodológico que la sustente. La
propuesta quedará en el aire mientras el candidato no detalle qué cambios
estructurales la harían posible.
La muerte civil y la Constitución
Cinco candidatos —Williams, Álvarez, Grozo,
Lescano y Luna— proponen la muerte civil para funcionarios corruptos. La
demanda ciudadana es comprensible: Jorge Quispe, en su sillón, aplaudiría. Pero
en su versión más radical —inhabilitación perpetua con pérdida de derechos
civiles—, la medida colisiona con el artículo 139 de la Constitución, que
reconoce el principio de reinserción social, y con la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha sido consistente: las
sanciones sin posibilidad de revisión son incompatibles con el sistema
interamericano. Aplicarla no es un decreto del primer día. Es una reforma
constitucional.
Lo que podría funcionar
No todo son promesas vacías. El portal de
datos abiertos de Alfonso López-Chau, la transparencia activa obligatoria de
Álex Gonzales y el sistema VigIA de César Acuña —que cruza datos de compras
públicas para detectar irregularidades— son propuestas compatibles con el marco
legal vigente. El detalle estará en la metodología y el presupuesto. El modelo
de dos policías de Fernando Olivera y el uso de inteligencia artificial para
mapeo del delito, presente en varios planes, también se alinean con el Plan Nacional
aprobado. Incluso algunas propuestas de Podemos Perú encajan en ese marco:
drones, reconocimiento facial, unidades de flagrancia, reforma penitenciaria y
patrullaje integrado en puntos críticos son medidas que el Plan contempla
expresamente. Al menos en eso hay coincidencia.
El patrón de las propuestas inviables
Las promesas que no resisten un análisis
básico comparten un rasgo común: ofrecen resultados para el primer año que, en
realidad, exigen reformas constitucionales, presupuestos incompatibles con el
propio Plan Nacional, modificaciones legales que ningún Ejecutivo puede
impulsar en solitario o aprobaciones presupuestarias adicionales del Congreso.
Eso no las invalida como visiones de largo plazo, pero sí obliga a decirlo con
claridad.
El televisor se apaga
A las 9:40 de la noche, cuando apaguemos la
pantalla o cambiemos de canal, quedará una sola pregunta: ¿habremos visto una
ruta concreta para reducir la criminalidad y la corrupción, o solo habremos
asistido a un concurso de populismo, golpes bajos y trapos sucios puestos al
sol?
Al igual que Jorge Quispe, los peruanos merece
saberlo. Antes de votar.
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