Fuerza Popular en el poder, los maestros de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico en el limbo: la deuda educativa que el Congreso puede saldar.

Los docentes de la EESPP Monterrico, a pesar de la existencia de la ley, no perciben el aumento prometido en la Ley 32148.

Por Leonardo Serrano Zapata

Hay una forma muy peruana de reformar: con fanfarria legislativa, discursos de altura y decretos que huelen a grandeza. El problema no está en la promesa. Está en lo que ocurre después, cuando el Estado debe honrarla y descubre, convenientemente, que no tiene prisa.

Eso es exactamente lo que ocurre hoy con los docentes de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. Una historia pequeña, dicen algunos. Una historia de maestros que forman maestros y que, sin embargo, el propio Estado se niega a reconocer plenamente.

Todo comenzó con la Ley N.° 30512, esa reforma que transformó los institutos pedagógicos en Escuelas de Educación Superior con rango equivalente al universitario. El Estado elevó las exigencias: investigación, licenciamiento, acreditación, grados de bachiller. El discurso fue impecable. Pero en algún pasillo del Ministerio, alguien decidió que elevar las instituciones no implicaba, necesariamente, elevar a quienes las sostenían. Así nació una de las paradojas más ilustrativas de nuestra burocracia contemporánea: docentes con obligaciones universitarias y sin remuneraciones universitarias.

El Decreto Supremo N.° 010-2017-MINEDU perfeccionó ese limbo al crear una carrera pública especial, diferente a la universitaria. Una categoría propia, sí, pero inferior en beneficios. Como si la dignidad del trabajo intelectual se midiera no por lo que se hace, sino por el casillero burocrático donde el Estado decide colocarte.

Luego llegó la Ley N.° 32148 con su numeral 2.2, que prometió una remuneración mensual equivalente para los docentes de la EESPP Monterrico y la protección de que ningún docente ganaría menos que antes. Sonó a justicia. Sonó a reparación. Pero las leyes en el Perú tienen una peculiaridad: necesitan reglamentos, decretos, normas complementarias y voluntad política para convertirse en realidad. Y es precisamente ahí donde el Ministerio de Educación y el de Economía muestran su talento más refinado: la parálisis estratégica. El arte de aprobar sin ejecutar. De prometer sin cumplir.

En abril de 2026, la ministra anunció el aumento de remuneraciones para los docentes de institutos y escuelas pedagógicas. El Decreto Supremo N.° 047-2026-EF lo hizo parcialmente posible. Parcialmente. Porque los efectos previstos en el numeral 2.2 respecto de los docentes de Monterrico, particularmente el cálculo del diferencial y la compensación extraordinaria transitoria, siguen sin norma complementaria que los haga operativos. El Estado, en su generosidad característica, reconoció el problema y no lo resolvió.

Mientras tanto, el Congreso avanza con paso lateral. El 12 de mayo, la Comisión de Educación aprobó con 21 votos el dictamen que dispone la categorización extraordinaria de los docentes nombrados de Monterrico, incorporándolos a la segunda y tercera categoría según sus años de servicio. Un paso real. Pero un paso que no reemplaza la deuda remunerativa pendiente. Categorizar sin remunerar es, otra vez, la lógica del símbolo sobre la sustancia.

La solución existe y no es un secreto de Estado: modificar la Ley 30512, establecer una homologación progresiva o crear un régimen especial con remuneraciones equivalentes al sistema universitario. Lo que falta es la decisión política.

Bolívar escribió en 1829 que América estaba atrapada entre líderes ensimismados en sus apetitos y pueblos para quienes la república no significó nada. Dos siglos después, los docentes que forman a los futuros maestros del Perú podrían suscribir esa carta con amarga familiaridad. La república les prometió reconocimiento. Les entregó un dictamen sin prioridad en el pleno, con el mensaje implícito de siempre: quizás en el próximo parlamento.

Salvo que muestren una actitud más decidida en el parlamento presidido por Fernando Rospigliosi —de Fuerza Popular, agrupación que hoy disputa la segunda vuelta presidencial con Keiko Fujimori— en favor de los docentes, no solo de Monterrico.