Keiko Fujimori o Roberto Sánchez: ¿quién usará a los militares en las protestas que se vienen?

El DS 003-2026-DE trae serias dudas sobre cómo Keiko Fujimori o Roberto Sánchez usarán la fuerza frente a las manifestaciones sociales.

Por Leonardo Serrano Zapata

No es la primera vez que el Perú legisla en contra de la población. En 2009, en plena bonanza del segundo gobierno de García, se promulgaron los decretos que desataron el Baguazo. Nadie los leyó con atención hasta que el río Marañón amaneció con cadáveres. Este país tiene una costumbre lamentable: procesar las normas peligrosas solo cuando ya es demasiado tarde.

El Decreto Supremo N.° 003-2026-DE, promulgado el 2 de abril por el gobierno de José María Balcázar, exime de responsabilidad penal al personal militar en el uso de la fuerza e introduce el concepto de "previsibilidad", que autoriza la intervención castrense antes de que la capacidad policial sea superada. Una facultad que depende del criterio de quien empuña el arma.

La norma y sus custodios

Quienes conocen el Estado desde adentro han advertido que la interpretación de esta norma debe ser restrictiva. Que sería gravísimo extender la función disuasiva de las Fuerzas Armadas a contextos de protesta social. Esa advertencia debería bastar para encender todas las alarmas. No ha bastado.

El problema no es solo la norma. Es el ecosistema en el que nace. Más de cincuenta peruanos murieron durante los conflictos sociales del gobierno de Dina Boluarte sin que ello produjera ruptura política alguna en quienes hoy aspiran a gobernar. Fuerza Popular votó ocho veces contra la vacancia de la expresidente del Perú. Fernando Rospigliosi —entonces vocero fujimorista, hoy presidente del Congreso— calificó a los manifestantes de las protestas en 2024 como “terroristas”. Esa es la genealogía política del decreto que hoy nos ocupa.

El país que viene

La Defensoría del Pueblo reportó 204 conflictos sociales al cierre de 2025; en marzo de 2026 seguían activos 161. 

La mayoría son conflictos socioambientales. Loreto, Puno, Cusco, Áncash: el mapa de la conflictividad coincide, sin sorpresas, con el mapa del abandono estatal y la disputa por los recursos naturales. 

Las protestas que se vienen no son una hipótesis. Van a seguir existiendo manifestaciones es parte de la naturaleza social, el conflicto es inherente a la vida.

 

Son una certeza estadística. Y quien gane el 7 de junio las heredará junto con un decreto que autoriza a los militares a intervenir en contra de civiles que se manifiestan en contra de lo que no considere atendido por el estado o la empresa privada.

Del conflicto debe nacer el diálogo. Del diálogo, compromisos concretos. Y de los compromisos, la obligación de honrarlos. Sin ese ciclo completo, lo que llamamos gestión de conflictos no es más que postergación con otro nombre.

 

El Perú lleva décadas dominando el arte de la primera etapa y abandonando las dos siguientes. El decreto que hoy se discute es, también, el resultado de ese ciclo roto.

¿Qué hacemos con esta herencia?

La pregunta concreta de esta segunda vuelta es: ¿quién va a heredar este decreto y qué hará con él? Lo ocurrido en Colcabamba, Huancavelica — cinco civiles presuntamente asesinados por militares— es el antecedente más elocuente de lo que sucede cuando no hay procedimientos para la actuación militar frente a los civiles. Es condenable, en otro tiempo hubiera significado la renuncia o vacancia presidencial.

Keiko Fujimori ha declarado gobernar emulando a su padre, condenado a veinticinco años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Sánchez ha reivindicado el derecho a la protesta. Keiko intenta marcar distancia, pero ahí están las ocho negativas, el silencio frente a los muertos de Juliaca y Ayacucho, y una narrativa que habló de terrorismo donde hubo ciudadanos. La distancia sin hechos es solo retórica.

Lo que no se nombra

Un decreto que exime de responsabilidad penal a quien dispara en una protesta no es una medida técnica. Es una decisión política sobre quién tiene derecho a vivir cuando decide alzar la voz. Que los grandes medios no lo hayan subrayado con la urgencia que merece no es una omisión inocente: es parte del clima que permite que normas así se promulguen en silencio, entre titulares de economía y seguridad ciudadana.

Queda pendiente que la próxima cámara derogue el DS N.° 003-2026-DE. De lo contrario, el Poder Judicial podría inaplicarlo mediante control difuso. Porque las normas que el Congreso no quiere ver, a veces las termina viendo la justicia.