PRONABEC: el Estado paga la universidad, las empresas privadas se quedan con los profesionales

El programa de becas más grande del Perú invierte en promedio más de 68 mil soles por estudiante. Doce años después, más del 80% de egresados en el 2025, acreditaron el Compromiso de Servicio al Perú en empresas privadas.

Por Leonardo Serrano Zapata

El Estado peruano creó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) con una promesa clara: financiar la educación de jóvenes en situación de vulnerabilidad a cambio de que, al egresar, devuelvan ese esfuerzo al país.

La herramienta diseñada para garantizar ese retorno se llama Compromiso de Servicio al Perú (CSP). Una década después, los números revelan que el mecanismo no funciona como se concibió, y que nadie, hasta hace muy poco, tenía datos precisos de qué ocurría con los beneficiarios una vez que cruzaban la puerta de la universidad.

La Ley N.° 29837, que dio origen a Pronabec, condicionó el beneficio a ese compromiso. Sin embargo, una investigación de la economista Yessenia María Mateo Bravo, presentada como tesis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, determinó que al cierre del año 2022 solo el 13% de los becarios egresados había acreditado formalmente su compromiso. El 82% restante figuraba como "pendiente".

El dinero, los números y la pregunta incómoda

La magnitud de la inversión hace que la cifra resulte difícil de ignorar. Según el estudio de Mateo Bravo (2022), el gasto promedio por becario en universidades nacionales ronda los 54 mil soles. En el caso de estudios internacionales, supera los 68 mil soles.

Entre 2012 y 2025, más de 108 mil becarios culminaron sus estudios. Solo el programa Beca 18 concentra más de 44 mil egresados.

Con esa escala, el retorno esperado era proporcional. Lo que se encontró fue otra cosa.

Privados, los grandes beneficiarios

Los primeros datos sistematizados que Pronabec produjo en 2025, a los que se tuvo acceso, revelan una paradoja de fondo: más del 80% de los becarios que sí acreditaron su Compromiso de Servicio al Perú lo hicieron trabajando en empresas privadas.

Entre las entidades receptoras figuran algunas de las corporaciones más grandes del país. En el sector bancario: BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank. En minería: Southern Perú. En telecomunicaciones: Claro y Telefónica del Perú. En retail: Hipermercados Tottus, Saga Falabella, Supermercados Peruanos, Sodimac, Makro, Tiendas Ripley, Tiendas Tambo y Cencosud Retail. En alimentos y bebidas: Alicorp, Backus y Arca Continental Lindley. También aparece la Universidad César Vallejo entre las instituciones que absorbieron a estos profesionales formados con fondos públicos.

La pregunta que ningún funcionario ha respondido con claridad es cuál es el retorno concreto para el país cuando un becario financiado con impuestos trabaja para una cadena de supermercados o un banco privado.

Doce años sin datos

Lo más revelador no es solo a dónde fueron los becarios, sino que durante más de una década nadie lo supo con certeza.

En el Informe N.° 429-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIAB, la propia institución reconoció formalmente que no cuenta con información sistematizada sobre las entidades donde los becarios realizaron el CSP entre 2012 y 2024. El control se limitó, durante ese período, a expedientes físicos individuales. Sin base de datos. Sin cruce de información. Sin indicadores de impacto.

Doce años de gestión. Más de cien mil egresados. Y ningún registro consolidado de dónde estaban ni qué hacían.

La reconversión: menos exigencia, mismo problema

Ante la acumulación de pendientes, la Resolución Directoral Ejecutiva N.° 052-2025, firmada por Alexandra Ames Brachowicz, introdujo los llamados mecanismos de "reconversión". La lógica es simple: quienes no cumplieron su compromiso original ahora pueden saldarlo con alternativas más flexibles.

El Anexo N.° 03 de esa resolución lo detalla con precisión. Para becarios de convocatorias entre 2013 y 2017, el compromiso original, que podía exigir hasta tres años de servicio en universidades públicas o zonas de origen, queda reconvertido en dos alternativas: dictar doce talleres, charlas o mentorías en apoyo al propio Pronabec, o prestar servicios en el Perú por el periodo de un año, sin especificación de sector ni de impacto.

Se incorporó además a las víctimas de violencia registradas en el REPARED entre los grupos exonerados de cumplir el compromiso, y se habilitó la posibilidad de aplazar el servicio por motivos de titulación o estudios de posgrado.

La pregunta es evidente: un becario de Beca 18 Internacional que originalmente debía dictar talleres en universidades estatales de su región durante un año ahora puede cumplir ese compromiso dando doce charlas para el mismo programa que lo financió. ¿El Estado les pagó los estudios a costos por encima de los 90 mil soles y, a cambio, les pide que den charlas en PRONABEC, no hay suficiente personal para eso?

No hay indicador de impacto. No hay exigencia de zona rural ni de sector prioritario. No hay medición de beneficio para poblaciones vulnerables. Lo que hay es una constancia firmada, un expediente cerrado y más fotos para la galería del director o ministro de turno. Una solución que reduce el número de pendientes en el papel, pero que no resuelve la pregunta de fondo: ¿a quién sirve realmente este programa? ¿En que se convirtió el CSP?

Si con 12 ó 3 charlas justifico una beca fuera del país, anótenme.

 Lo que Pronabec no quiso entregar

La investigación que sostiene este artículo no fue sencilla de construir. PRONABEC entregó parte de la información solicitada vía acceso a la transparencia, se solicitó el registros del CSP del 2012-2024, solo entregó el año 2025. Otra parte fue negada. Esa información denegada espera una respuesta promovida por el Tribunal de Transparencia. La pública la pongo a su disposición:

https://drive.google.com/drive/folders/12JKHuMKO9zhjzSRrt3IWXNEgzumaI0_1?usp=sharing

Que una institución diseñada para rendir cuentas al país deba ser llevada ante un tribunal de transparencia para revelar datos sobre sus propios beneficiarios dice algo sobre el estado real de su gestión.

Mientras el sistema de control siga basándose en la validación de constancias laborales y no en la medición de resultados sociales, el Compromiso de Servicio al Perú seguirá operando como un trámite de salida y no como una herramienta de política pública.

Pronabec lleva meses anunciando un proceso de reingenería institucional. Los datos disponibles sugieren que, hasta ahora, lo que existe es más gestión comunicacional que reforma real. La pregunta sigue en pie: ¿qué hicieron con todo ese tiempo?

DATO:

Queda pendiente que la ministra Esther Cuadros explique al país por qué puso a Roberto Kocyen Chon Yamasato al frente del PRONABEC, si todavía estaría pendiente de resolverse el expediente N° 00005-2020-3-5002-JR-PE-03, proceso en su contra por el presunto los presuntos delitos de peculado doloso y de asociación ilícita para delinquir por ausencia de tipicidad objetiva por las actuaciones en condición de ex general Ejecutivo encargado del Programa Juntos en el 2013.