Salud y educación, debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El debate presidencial de Perú entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, dejó promesas ambiciosas, cifras llamativas en educación y salud. Aunque no hubo espacio para la cultura, una omisión difícil de justificar en un país intercultural y multilingüe.

Por Leonardo Serrano Zapata

Antes del debate del domingo 31 de mayo, las encuestadoras ya mostraban a Keiko Fujimori adelante en intención de voto frente a Roberto Sánchez.

El debate debió ser la oportunidad para ofrecerle al país propuestas concretas. Fujimori no desaprovechó el momento y mencionó nuevos programas sociales, incluso algunos impulsados por su padre. Sánchez también mencionó algunas iniciativas. Al final, cuatro candidaturas presidenciales pesan: la experiencia de Fujimori se notó durante todo el debate.

Keiko Fujimori llegó con cifras que duelen: 26 días para una cita médica, 45 para una consulta especializada, 75 para una tomografía o biopsia, 37 para obtener resultados y hasta seis meses para iniciar un tratamiento. Además, recordó que cerca del 46 % de los niños sufren anemia. Como respuesta, anunció telemedicina nacional, fortalecimiento de la atención oncológica y programas para los primeros mil días de su eventual gobierno.

Lo que no dijo es que el Plan Nacional de Telesalud 2026 ya existe. Que entre 2021 y 2024 el MINSA ejecutó más de S/. 42,5 millones en equipamiento para 678 establecimientos. Que la Red Nacional de Telesalud ya cuenta con 2,990 establecimientos activos a mayo de 2025 y más de tres millones de atenciones registradas. Que hay un proyecto de digitalización financiado por Corea del Sur en marcha.

Roberto Sánchez propuso 500 policlínicos, brigadas médicas rurales, duplicar los centros de salud mental y un psicólogo por colegio, algo difícil de cumplir a menos que nos explique qué tipo de IE debe contar con un profesional de la salud mental o si lo hará por redes educativas. También planteó elevar la inversión en salud al 9 % del PBI.

En educación, Fujimori prometió construir y repotenciar 5,000 colegios, ampliar Beca 18, fortalecer la alimentación escolar y saldar la deuda histórica con los docentes. Sánchez le recordó el desfinanciamiento de las becas impulsado desde el Congreso, propuso llevar la inversión educativa al 6 % del PBI, dar presupuesto directamente a los Comité de Alimentación Escolar (CAE) para evitar la corrupción del programa de alimentación escolar dirigido por el MIDIS y ampliar el acceso a la educación superior.

Ambos hablaron como si el Estado fuera a empezar desde cero. Ninguno reconoció que el próximo gobierno recibirá ministerios con proyectos en marcha, compromisos asumidos y reformas que deberá sostener o continuar e incluso un proyecto de presupuesto al 2027 casi concluido.

Hay algo que los candidatos parecen no querer decir: la brecha de infraestructura educativa supera el 50 % a nivel nacional. Cerrarla no es tarea de un quinquenio. Requiere inversión sostenida durante varios períodos presidenciales y una política de Estado que sobreviva a los gobiernos de turno. Los gobiernos regionales y locales también tienen esa responsabilidad, pero nadie explicó cuál será su papel.

El MINEDU ya cuenta con herramientas para avanzar: PRONIED, las Escuelas Bicentenario y las aulas modulares trabajan hoy en reducir esa brecha. La pregunta no es si se construirán colegios. La pregunta es si habrá voluntad política para no detener lo que ya avanza.

Hay algo que el debate no tocó y que resulta difícil de justificar: la meritocracia en la gestión educativa y de salud. No escuchamos una sola propuesta sobre cómo se evaluará/metas a los directores/gerentes regionales de educación y salud, a los directores de UGEL, a los directores de instituciones educativas o a los responsables de las redes y centros de salud. La calidad de ambos sectores no depende solo del presupuesto ni de la infraestructura. Depende también de quiénes toman las decisiones y cómo llegaron a esos cargos.

Ambos candidatos hablaron de deuda social y mejoras salariales para los docentes, pero dejaron fuera a los trabajadores de salud y de otros sectores. Nadie profundizó en los problemas reales: nombramientos pendientes, beneficios para los trabajadores CAS, modernización del sistema de contratación, formación continua, desprotección frente a denuncias maliciosas, amenazas, y las condiciones laborales que empujan a buenos profesionales a salir del sistema. Tampoco se habló de los miles de trabajadores que llevan años bajo órdenes de servicio, sin estabilidad ni derechos laborales claros.

Según la UNESCO, en varios países de la región ya es difícil retener talento en la educación pública. El Perú no es la excepción. Se debe incluir una reivindicación real de la profesión docente.

Un ciudadano preguntó en el debate: ¿Qué medidas implementará para garantizar un financiamiento adecuado y asegurar que las universidades públicas tengan las mismas condiciones básicas de calidad que todas las universidades? Sánchez habló de reforma tributaria. Fujimori, de reordenamiento del gasto y Beca 18. Ninguno mencionó la SUNEDU. Ninguno habló del licenciamiento de las universidades recién creadas, de la investigación científica ni de los desafíos reales del sistema universitario. Esto último resulta especialmente grave: el superintendente recién designado, según fuentes del MINEDU y de la propia SUNEDU, enfrentaría nuevamente presiones para ser reemplazado desde el gobierno de José María Balcázar.

Tampoco hubo propuestas sobre educación técnica, certificación de competencias ni reinserción educativa para los más de ocho millones de peruanos que no terminaron la educación básica. En un país donde la informalidad es una barrera estructural, ese silencio no es un olvido. Es una decisión.

En cultura, las señales tampoco son alentadoras. La salida del director del Lugar de la Memoria - en medio de cuestionamientos por una presunta censura vinculada a un libro sobre memorias de mujeres venezolanas - reabrió un debate que nadie quiere asumir: el de la independencia de las instituciones culturales frente a la influencia política. Espacios que deberían preservar la memoria con autonomía técnica y académica vuelven a convertirse en terreno de disputa. Y ningún candidato dijo nada al respecto.

El debate también dejó en evidencia algo que los ciudadanos merecen saber: no conocemos quién asumiría los ministerios de Educación, Salud, Cultura o Trabajo en un eventual gobierno de cualquiera de los dos. Esa ausencia no es un detalle menor. Es una señal. Porque cuando el poder no muestra sus equipos, generalmente es porque todavía está negociando qué le dará a quién.

El 7 de junio iremos a votar sin tener claro cuál de las dos opciones le ofrece al país mayor estabilidad social y política. Lo mínimo que se puede pedir es que los resultados se acepten con madurez. Iniciar una campaña de fraude sería retroceder diez años. Y el país no está para ese lujo.