La mentira de la gestión compartida: Cuando los CEBA son invisibles en su propia casa.
La Educación Básica Alternativa sigue peleando
contra la invisibilidad. En los locales compartidos que por ley le corresponden
tanto como a cualquier otra modalidad, el patrón se repite: exclusión,
aprovechamiento unilateral de recursos y autoridades que miran hacia otro lado.
La Resolución Ministerial N.° 0172-2010-ED establece las reglas de la administración
compartida de la infraestructura y equipamiento educativo en las IE, pero
llevan 15 años sin modificarse.
¿Qué está haciendo el MINEDU al respecto? Muy
poco. La Dirección de Educación Básica Alternativa, a cargo de Luis Alberto
Vásquez Quispe desde hace tres años, no registra decisiones concretas sobre el
tema. Quince años esperando una norma actualizada lo dice todo.
El secuestro de los espacios y la prioridad pedagógica
Resulta alarmante que espacios vitales como
piscinas y campos deportivos sean alquilados a terceros durante el horario de
los CEBA. La norma es taxativa en su Artículo 22°, señalando que estos
alquileres "se autorizan previo acuerdo por decisión unánime del
Consejo Directivo y en ningún caso podrá afectar el normal desarrollo de las
actividades educativas programadas".
Al realizar estos contratos sin la
participación del director(a)/subdirector(a) de un CEBA, se vulnera la
naturaleza misma de estas instituciones, las cuales "son de
administración compartida, que se expresa en la coordinación para el uso
pedagógico de toda la infraestructura... bajo responsabilidad administrativa de
sus directores". Asimismo, el Artículo 16° establece que
"queda prohibido utilizar los espacios educativos coordinados en uso, para
otras actividades de carácter extracurricular que alteren el normal
funcionamiento académico".
El riesgo en la seguridad: El caso de los simulacros
Esta exclusión tiene consecuencias
potencialmente fatales. Por ejemplo, durante el año escolar se han programado
momentos para el desarrollo de simulacros escolares; la pregunta es: ¿Cómo
los CEBA del país se prepararían en la realización de los mismos si ni siquiera
pueden hacer uso de los ambientes destinados al desplazamiento durante la
simulación del riesgo por estar alquilados? Esto ocurre a nivel nacional.
La normativa exige en su Artículo 24° que "las
disposiciones y procedimientos para garantizar la seguridad de la
infraestructura y el equipamiento educativo de uso compartido... serán
formulados por el Consejo Directivo". Impedir el uso de patios o zonas
de seguridad por un alquiler privado no solo es ilegal, sino negligente, pues "todos
los bienes adquiridos y de propiedad del Estado... son compartidos en uso a
favor de los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades".
Exclusión presupuestaria y el silencio
administrativo
La gestión compartida de los locales
escolares tiene un problema de fondo: los directores de CEBA vendrían siendo
excluidos de las decisiones económicas que también les corresponden.
La paradoja es evidente. La Resolución
Ministerial N.° 007-2026-MINEDU, que regula el mantenimiento escolar para este
año, incluye expresamente a la R.M. N.° 0172-2010-ED en su base normativa. La
norma es clara: “los directores de EBA deben integrar la comisión de
ejecución del presupuesto de mantenimiento y sus necesidades deben tomarse en
cuenta”. Sin embargo, en la práctica ese mandato se ignora. La
participación del directivo de EBA en la Comisión de Gestión de Condiciones
Operativas brilla por su ausencia. Eso no ocurre. Y nadie lo corrige.
Lo mismo pasa con los recursos generados
por alquileres. La norma establece que deben destinarse al mantenimiento de
los espacios de uso común, previa coordinación entre todos los directores. Seis
años trabajando en la modalidad EBA en diferentes ciudades del país permiten
afirmarlo con certeza: eso existe solo en el papel.
Por eso se hace un llamado urgente a las
autoridades para que supervisen el cumplimiento de la R.M. N.° 0172-2010-ED.
Especialmente a la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana,
que concentra la mayor cantidad de CEBA del país, y a las regiones de
Cusco, Piura, La Libertad, Puno, Lambayeque y Loreto, donde miles de
estudiantes de esta modalidad esperan que alguien responda.
Los estudiantes de EBA tienen el mismo
derecho que cualquier otro peruano a estudiar en condiciones dignas y con pleno
acceso a la infraestructura pública. La ley es clara. Solo falta la voluntad
política para hacerla cumplir.
“Más de 8 millones de peruanos no tienen educación Básica y los candidatos a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú no tienen un plan para el desarrollo de la modalidad EBA en el país”.
Ya es momento de discutir si los Centros de Educación Básica Alternativa necesitan espacios propios y si sus plazas directivas deben dejar de ser subdirecciones para convertirse en direcciones. Nada de esto aparece en los planes de Juntos por el Perú ni de Fuerza Popular. No existe una propuesta seria para cerrar la brecha de los ocho millones de peruanos sin educación básica. Como un economista que tira su sombrero al piso, para no ver lo que hay debajo, para los políticos, los más pobres del país siguen siendo un problema que es mejor esconder que resolver o ¿solo son agenda en campaña electoral?
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