Por Leonardo Serrano Zapata
El nuevo ministro de Educación no llega por mérito técnico, sino por ser el principal defensor de José María Balcázar, es la cuota de acuñismo pese a sumarle 1,585 votos como candidato al Senado nacional, en Ica solo obtuvo 540 votos y una sentencia por asignación familiar superior a 11 mil soles.
Cuando María Esther Cuadros renunció el 2 de julio, horas antes de que el Congreso evaluara las denuncias en su contra por el caso SUNEDU, el gobierno de José María Balcázar enfrentó un problema que no supo resolver dentro de casa: ninguno de sus entonces 18 ministros, según fuentes de palacio, quiso hacerse cargo de Educación. La solución llegó desde el grupo de defensores en el legislativo, no desde la gestión pública o línea de carrera en MINEDU.
Jorge Marticorena Mendoza, odontólogo y congresista de Alianza para el Progreso (APP) —partido de César Acuña—, juramentado el 6 de julio, es hoy el tercer ministro de Educación de este gobierno, después de un breve paso de Erfurt Castillo y de la propia Cuadros.
Declaraciones de Jorge Marticorena a periodista Melissa Peschiera (Fuente: Canal N)
El 15 de mayo, cuando el congresista Edward Málaga impulsaba una moción de censura contra Balcázar por la compra de aviones F-16, las observaciones al proceso electoral y el salvataje de Petroperú, Marticorena salió a cuestionar la iniciativa en Canal N: dijo que la censura «no refleja la necesidad urgente de atender otros temas prioritarios» y retó a sus colegas a mirar primero «casa adentro» antes de enjuiciar a otros funcionarios.
Al parecer se olvidó que, en diciembre de 2025, durante una mesa de trabajo en Nasca (Ica) convocada por la crisis del agua potable, un grupo de pobladores lo abucheó y lo llamó "traidor". Contra todo pronóstico, Marticorena postuló al Senado Nacional con el número 13 en la lista de APP para las Elecciones Generales 2026 y obtuvo apenas 1,585 votos preferenciales, con solo 540 desde Ica, su propia región —muy lejos de los 6,597 votos que lo llevaron al Congreso en 2021— por el partido Perú Libre.
Un mes después, el 15 de junio, repitió el gesto en la Comisión de Fiscalización, donde defendió la designación de Policarpio Chauca Valqui ante la SUNEDU y, en los hechos, respaldó la posición del Poder Ejecutivo. En ese contexto, llama la atención que, pese a haber recurrido al Poder Judicial, el superintendente Vicente Espinoza presentara el 7 de julio un escrito de desistimiento de la demanda de amparo que había interpuesto contra el Ministerio de Educación.
Dos semanas después de esa segunda intervención, sin experiencia previa en el sector, recibió el ministerio de educación. La declaración jurada firmada por Jorge Marticorena tampoco lo favorece: arrastra una sentencia por alimentos desde 2019, con una deuda acumulada de más de S/ 11 mil soles impagos, y APP encabeza el ranking nacional de candidatos con este tipo de sentencias. Al parecer estos antecedentes no parecen incomodar al encargado de Palacio.
Para un partido ya golpeado por los cuestionamientos a la gestión de salud de figuras cercanas a su entorno, aceptar la cartera de Educación en estas condiciones es, más que un triunfo, un flaco favor a su propia imagen: suma un nombre más a la lista de designaciones que se explican por lealtad y no por mérito. El exministro Idel Vexler fue directo: «El presidente Balcázar lo que está cumpliendo seguramente es un favor político» y también lo calificó como: «un ministro de adorno», sin visión técnica ni trayectoria en educación.
Un defensor por 20 días no le viene mal a Balcázar, que ya tiene lo suyo: sus viajes a Chiclayo, según Cuarto Poder, costaron S/ 1.1 millones en cuatro meses, hoy investigados por la Contraloría, mientras el presupuesto para el drenaje pluvial de la ciudad cayó de S/ 103 a S/ 9.9 millones, justo antes de recibir en noviembre al papa León XIV, su antiguo obispo. A eso se suma su propio juicio pendiente en Chiclayo por presunta apropiación ilícita de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque, del que fue expulsado en 2022.
Marticorena parece no entender, sin embargo, cuál es su verdadero
rol en estos 22 días: no gestionar, sino garantizar una transferencia ordenada
al equipo de la presidenta electa, Keiko Fujimori. Ese equipo de transición en
Educación está integrado por Luis Antonio Alemán Nakamine
—exviceministro de Gestión Institucional del Minedu durante el gobierno de Alan
García— como jefe de asesores de PCM; Doris Lorena Gavilano Iglesias
—exsecretaria general del Minedu en los últimos tres gobiernos, además de ser
hija del Dr. Rodolfo Gavilano Oliver, actual secretario general de la
Universidad de San Martín de Porres (USMP)— volvería a repetir el puesto en la
gestión de Antonio Chang; y Carlos Miguel Paredes Díaz, docente de la
UPC.
De izquierda a derecha Claudia Zanini Fernández, Sergio Atarama
Martínez, Luis Antonio Alemán Nakamine, Lorena Gavilano Iglesias y Carlos Paredes
Díaz los tres últimos designados por Keiko Fujimori para integrar el Equipo de transferencia
del MINEDU.
Y es justamente en ese terreno donde aparecen vínculos que merecen
seguimiento: de acuerdo con información oficial de la Autoridad Nacional de
Infraestructura (ANIN) y del propio Minedu, Alemán Nakamine se desempeña
también como Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica de la ANIN, entidad
cuyo titular y gerente general es Sergio Iván Atarama Martínez quien es cónyuge
de Claudia Mabel Zanini Fernández, actual Jefa de la Oficina General de
Asesoría Jurídica del Minedu. Son vínculos que no pasan desapercibidos en
tiempos de definición de la transferencia de gestión. Todo apunta a que el
equipo enviado por la próxima mandataria le abriría paso al próximo ministro de
Educación, voceado por muchos: el Dr. José Antonio Chang Escobedo, actual
rector de la USMP y quien ya ocupó esa misma cartera —y la Presidencia del
Consejo de Ministros— durante el segundo gobierno de Alan García.
Sin embargo, el 6 de junio, Marticorena envió el Oficio N.°
01835-2026-MINEDU/DM al MEF pidiendo una reunión para tratar la Ley N.° 32581,
sobre pensión de maestros cesantes y jubilados, admitiendo que «está próximo
a vencerse» el plazo de reglamentación (14 de julio). Hoy se reunió con el
congresista Alex Paredes y representantes de la Asociación de Maestros Cesantes
del Perú (MACEP) para abordar el asunto. El propio secretario general del
SUTEP, Lucio Castro, ya avisó que espera que ese trámite lo resuelva el próximo
gobierno.
Todo indicaría que su designación no fue por su perfil altamente
técnico, sino de lealtad acumulada. Ni en el mundial se vio defensa más férrea…
.jpg)
.png)
Comentarios