Ministerio de Educación, bajo la gestión del ministro José Antonio Chang, otorga defensa legal a Úrsula León Chempén, exministra de Boluarte, y a dos exfuncionarias.

Úrsula León Chempén, Rosa Aparcana Escate y Clotilde Espinoza Zanabria fueron demandadas civilmente por retrasos en la aprobación de adicionales de obra en colegios de Ica y Huancayo, ocurridos entre 2011 y 2013 cuando eran funcionarias del Minedu; el Estado, durante el gobierno de Keiko Fujimori, asumirá el costo de su defensa legal por las demandas de indemnización vinculadas a estas obras educativas.

Por Leonardo Serrano Zapata.

El Ministerio de Educación (Minedu) a través de la Secretaría General a cargo de la abogada Doris Lorena Gavilano Iglesias otorgó defensa legal, entre el 4 y el 11 de agosto de 2026, defensa legal a tres exfuncionarias demandadas por procesos judiciales de indemnización por daños y perjuicios, a través de las Resoluciones de Secretaría Genenal N° 175, 179 y 180-2026-MINEDU. Cabe precisar que no se trata de carpetas fiscales ni investigaciones penales, sino de demandas civiles y laborales interpuestas ante juzgados de Lima, derivadas de decisiones adoptadas por estas exservidoras en el ejercicio de sus funciones hace más de una década.

El primer caso corresponde a Úrsula Desilú León Chempén, quien fue secretaria general del Minedu entre 2011 y 2016, durante el gobierno de Ollanta Humala. Es demandada ante el 20° Juzgado de Trabajo Permanente de Lima (Expediente N° 22479-2024-0-1864-JR-LA-07), por presunta falta de accionar en la aprobación de la prestación adicional de obra N° 02 y el deductivo N° 02 del colegio emblemático San Luis Gonzaga, de Ica, lo que habría generado ampliaciones de plazo y mayores gastos generales a favor del contratista.

Foto: Ceremonia de firma de la Nueva Ley General de Turismo en junio de 2025. De izquierda a derecha el excongresista Eduardo Salhuana, la exmandataria Dina Boluarte y la exministra a Úrsula León. (Fuente: Presidencia Perú)

Úrsula León Chempén fue ministra de Comercio Exterior y Turismo con Dina Boluarte (2024-2025) y ocupó cargos de alta dirección en Salud, Educación, Producción, la PCM y el V iceministerio de Justicia, en distintas administraciones desde 2006.

 

         

El segundo caso es el de Rosa Mercedes Aparcana Escate, ex encargada del Área de Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE). Es demandada ante el 29° Juzgado Civil de Lima (Expediente N° 11982-2025-0-18A5-JR-CI-29) por dar conformidad, sin contar con el documento técnico definitivo, al expediente de la obra de mejoramiento de la I.E. Santa Isabel de Huancayo. La demanda se sustenta en un informe de control de la Contraloría. Aparcana Escate laboró en el sector desde 2006 en el extinto INFES, estuvo a cargo del área cuestionada entre 2011 y 2013, durante el gobierno de Humala, y permaneció en el Minedu hasta 2017.

El tercer caso, el de Clotilde Rosalía Espinoza Zanabria, ex encargada de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de OINFE, forma parte del mismo expediente judicial que el de León Chempén, es decir, el proceso por la obra San Luis Gonzaga ante el 20° Juzgado de Trabajo de Lima. Se le atribuye responsabilidad por la falta de celeridad en el trámite del adicional de obra N° 02, a través de un memorándum e informes que suscribió en 2012. La demanda invoca un Informe Especial de la Contraloría que calculó el perjuicio a la entidad en S/ 782,603.88. Espinoza Zanabria trabajó bajo un contrato CAS entre 2011 y 2012, también durante el gobierno humalista.

En los tres expedientes, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minedu determinó que las solicitudes cumplían los requisitos de la Directiva N° 004-2015-SERVIR/GPGSC, que regula el beneficio de defensa y asesoría legal de servidores y exservidores civiles. La Secretaría General, como titular de la entidad, declaró procedente el beneficio y dispuso que la Oficina General de Administración y la de Planificación Estratégica y Presupuesto ejecuten los gastos, sujetos a la disponibilidad presupuestal.

Hasta el momento el Minedu a cargo del Dr. José Antonio Chang no hace público cuánto costará cada defensa legal. Cabe recordar que, de determinarse responsabilidad al final de los procesos, las beneficiarias deberán reembolsar al Minedu el costo de su defensa.