La pesada herencia para Fuerza Popular: Balcázar deja una ANIN con déficit de S/ 3 400 millones y obras inconclusas frente al fenómeno El Niño
Documentos oficiales de la ANIN revelan un déficit de 3,400,64 mil millones de soles, el gobierno de Balcázar solo solicitó el 25,3 % de los 830 millones para para garantizar la continuidad de siete proyectos prioritarios de prevención frente al Fenómeno de El Niño. A ello se suma un arbitraje internacional con la empresa española OHLA que mantiene suspendidas once obras estratégicas.
La infraestructura diseñada para proteger a
miles de familias frente al Fenómeno de El Niño atraviesa uno de sus momentos
más complejos desde que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) asumió
las funciones de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
(ARCC). Documentos oficiales obtenidos muestran que la entidad enfrenta un
escenario marcado por restricciones presupuestales, obligaciones financieras
acumuladas y controversias legales que afectan el desarrollo de proyectos
estratégicos de prevención.
La información analizada proviene de la Carta N.° 000297-2026-ANIN/UCOM-AIP, mediante la cual la ANIN remitió el Informe N.° 003115-2026-ANIN/DIME-SEJDI. Estos documentos permiten reconstruir el estado de las principales obras de prevención, salud y educación ejecutadas durante 2025 y el primer semestre de 2026.
Un déficit
de S/ 3 400 millones
El origen de la actual restricción financiera se remonta al ejercicio fiscal 2025. De acuerdo con el Informe N.° 003115-2026-ANIN/DIME-SEJDI, la ANIN requería aproximadamente S/ 5 798 millones para cumplir con los cronogramas de ejecución de los proyectos bajo su responsabilidad. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó S/ 2 907 millones, poco más de la mitad del monto requerido. La diferencia obligó a la entidad a priorizar pagos, postergar valorizaciones y trasladar obligaciones financieras al ejercicio fiscal siguiente.
Como resultado de esta diferencia
presupuestal, la entidad registró un déficit superior a S/ 3,000 millones y
concluyó el año con obligaciones pendientes cercanas a S/ 812 millones,
principalmente en proyectos de Soluciones Integrales y Drenajes Pluviales.
La situación se agravó
durante 2026. Según la Dirección de Intervenciones Multisectoriales y de
Emergencia (DIME), los 59 proyectos de inversión administrados
por la Subdirección de Ejecución de Inversiones requerían una ejecución
presupuestal de S/ 4 791 829 580 para garantizar su
continuidad hasta diciembre. No obstante, el Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) vigente ascendía a S/ 1 391 191 784, monto
que, según la propia entidad, solo permitía financiar la mayoría de las obras
hasta abril de 2026.
Como resultado, la DIME identificó un déficit
presupuestal de S/ 3 400 637 796, cifra que compromete la continuidad
de proyectos de prevención frente al Fenómeno de El Niño, así como inversiones
en salud y educación. Parte del presupuesto de 2026 también tuvo que destinarse
al pago de obligaciones pendientes del año anterior, reduciendo el margen para
financiar nuevas valorizaciones y mantener el ritmo previsto de ejecución.
Solo una
cuarta parte del financiamiento para enfrentar el Fenómeno El Niño
Con el propósito de evitar nuevas
paralizaciones, la ANIN planteó un crédito suplementario para financiar siete
proyectos considerados estratégicos. La entidad estimó que estas inversiones
requerían S/ 1 356 millones para concluir el año, pero solo disponían de
S/ 526 millones, lo que generaba un déficit de S/ 830 millones.
Los recursos estaban destinados a garantizar la continuidad de proyectos de prevención en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica y Tumbes, regiones consideradas entre las más expuestas a inundaciones, huaicos y desbordes durante eventos climáticos extremos.
No obstante, la propuesta presupuestal
evaluada por la gestión del presidente José María Balcázar solo contempló
alrededor de S/ 210 millones, equivalente al 25,3 % del monto
requerido.
Obras que avanzan más lento de lo previsto
Los reportes técnicos muestran diferencias significativas entre el avance financiero y el avance físico de varias inversiones. Los drenajes urbanos de Sullana y Talara, en Piura, constituyen los casos más representativos. Mientras el primero registra un 31,7 % de ejecución financiera y apenas 2 % de avance físico, el segundo alcanza un 64,3 % financiero frente a solo 4 % de construcción.
En Lambayeque, los proyectos de los ríos Motupe y Olmos también presentan restricciones que han obligado a priorizar actividades de contingencia para proteger las obras ya ejecutadas. No obstante, otras intervenciones como las quebradas Corrales, La Jardina y Huaycoloro alcanzaron el 100 % de avance físico y actualmente se encuentran en procesos de cierre financiero.
Las limitaciones presupuestales también
alcanzan la infraestructura social.
En el sector Salud, los hospitales de Caraz, Cascas,
Recuay y Casma registran avances físicos de
entre el 42 % y el 68 %. Las cuatro obras fueron suspendidas
temporalmente durante 2025 y posteriormente ingresaron en procesos de
reactivación.
El factor OHLA: once proyectos en disputa
En marzo de 2026, la ANIN anunció la
resolución de contratos suscritos con la empresa española Obrascón Huarte
Laín S.A. (OHLA), argumentando el incumplimiento de la cláusula
anticorrupción (Z.91.1) prevista en los contratos.
La empresa rechazó la decisión. Según informó Revista
Economía, OHLA inició acciones arbitrales al considerar que la resolución
contractual carecía de sustento legal. Por su parte, el diario español El
Economista señaló que la controversia involucra contratos valorizados en
aproximadamente 289 millones de euros. OHLA argumenta que la resolución
carecía de sustento legal y era una respuesta a los problemas presupuestales de
la ANIN. El contratista obtuvo
"Decisiones de Emergencia" que ordenan a la ANIN suspender los
efectos de la resolución, dejar sin efecto la ejecución de fianzas y,
fundamentalmente, abstenerse de desmovilizar al personal y equipos de OHLA. Mientras
se desarrolla el proceso arbitral, la propia ANIN sostiene que las decisiones
de emergencia emitidas dentro del procedimiento limitan su capacidad para
contratar nuevos ejecutores y culminar once proyectos estratégicos de defensas
ribereñas.
La parálisis afecta a proyectos estratégicos que, en varios casos,
estaban cerca de concluirse antes de la suspensión física en agosto de 2025 y
la posterior resolución en marzo de 2026:
Proyectos Casi Culminados: San Damián (Áncash): Presenta un 99.65 % de avance físico real. Río Lacramarca (Áncash): Registra un 86.68 % de ejecución física.
Cuencas Críticas en Áncash y Lima: Río Casma (Áncash): 77.50 % de
avance físico. Río Huarmey (Áncash): 76.17 % de avance físico. Río
Cañete (Lima): 56.12 % de avance físico. Río Huaura (Lima): 52.05 %
de avance físico. Otras Obras Paralizadas: Incluye los proyectos en el Río
Chicama (46 %), la Quebrada Cañete (2.99 %) y obras con 0 % de
avance físico real como el Río Virú, la Quebrada Ascope y la Quebrada Norte
Verde.
La explicación de la ANIN
En un comunicado difundido el
18 de junio de 2026, la ANIN explicó que heredó de la extinta
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios un total de 194 proyectos,
incluidos 56 contratos ejecutados bajo la modalidad Gobierno a Gobierno
(G2G), valorizados en aproximadamente S/ 29 110 millones.
La entidad sostiene que también asumió
obligaciones contractuales y financieras que continúan impactando su capacidad
de ejecución. Asimismo, indicó que la continuidad de las inversiones dependerá
de la aprobación de recursos adicionales, de la resolución de los arbitrajes en
curso y de las decisiones administrativas que permitan reactivar las obras
suspendidas.
El desafío para el gobierno de Keiko Fujimori
El gobierno de Keiko Fujimori, que
asumirá funciones el 28 de julio de 2026, recibirá una cartera
de proyectos marcada por un déficit presupuestal superior a S/ 3 400
millones, arbitrajes internacionales y obras estratégicas que
presentan distintos niveles de avance físico y financiero.
El principal desafío no será únicamente culminar las
inversiones pendientes, sino asegurar el financiamiento necesario para evitar
nuevas paralizaciones en proyectos destinados a reducir el riesgo de
inundaciones y proteger a las poblaciones más expuestas del norte y centro del
país.
A pocos meses del inicio de una nueva temporada de
lluvias, la continuidad de estas obras dependerá de decisiones presupuestales y
contractuales que trascienden el cambio de gobierno. Los documentos oficiales
de la propia ANIN evidencian que la gestión José María Balcázar deja
compromisos financieros y legales cuya resolución será determinante para la
infraestructura de prevención durante los próximos años.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá si, por falta de
priorización presupuestaria, las regiones más vulnerables vuelven a enfrentar
inundaciones con obras inconclusas?
Los informes técnicos ya identifican los riesgos y cuantifican el déficit.
La responsabilidad de corregir este escenario en primer lugar, está en el
gobierno de Balcázar y el Congreso, quienes dejan estas brechas presupuestales
y, desde el 28 de julio, en el gobierno Keiko Fujimori. Si las obras vuelven a
paralizarse o las emergencias se agravan por falta de financiamiento, el costo
político y social será materia de escrutinio ciudadano para ambas
administraciones. Los documentos oficiales ya dejaron constancia de las
advertencias; corresponde ahora a las autoridades decidir si las atienden o si
permiten que se conviertan en una nueva crisis de infraestructura y gestión del
riesgo. Estamos advertidos.
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