Cusco: investigación fiscal contra TGP por contaminación ambiental permanece estancada [VIDEO]
El periodista Servando Morales, de Inka Visión, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿qué ocurrió realmente en Camisea y por qué, después de tantos meses, las respuestas siguen caminando a paso de tortuga?
El caso de TGP ya no debería ser visto únicamente como un expediente más en los anaqueles del Ministerio Público. Lo ocurrido en Megantoni plantea un problema que compromete seguridad, ambiente y responsabilidad empresarial. Y cuando una infraestructura de semejante magnitud atraviesa territorio amazónico, cualquier falla deja de ser un asunto privado para convertirse en un asunto público.
Por eso, el Congreso de la República debería evaluar la creación de una comisión especial investigadora que revise las circunstancias de la emergencia, el estado de la infraestructura operada por la empresa, sus protocolos de seguridad, sus mecanismos de prevención y el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.
No se trata de colocar a TGP en el banquillo antes de tiempo. Para eso están la Fiscalía y los jueces. Se trata, simplemente, de hacer algo que en el Perú suele convertirse en una extravagancia: fiscalizar. Más aún cuando hablamos de una empresa privada vinculada a una infraestructura estratégica para el país y a uno de sus principales recursos energéticos.
La investigación del Ministerio Público constituye un primer paso. Pero los ciudadanos tienen derecho a saber qué ocurrió, qué falló y, sobre todo, si aquella emergencia pudo evitarse.
El asunto, entonces, no es solamente TGP. El asunto es quién vigila, quién responde y quién garantiza que una infraestructura estratégica no termine convirtiéndose en una amenaza para quienes viven alrededor de ella.
Por eso, el caso debe llegar al Congreso. Sin privilegios, sin silencios y sin explicaciones a medias. Porque Camisea no puede ser una geografía donde el gas tenga más valor que la seguridad de la gente que vive sobre la tierra que lo sostiene.
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