La pensión de los maestros y el 100% de CTS para personal Cas irá al Tribunal Constitucional. ¿Existe otra alternativa?

Elmer Cuba, ministro de economía en entrevista manifestó la posición oficial del gobierno de Keiko Fujimori de enviar al Tribunal Constitucional Ley N° 32581 (para la pensión de los maestros jubilados y cesantes) y la Ley N° 32563 (que incorpora el pago de gratificaciones y el 100% de la CTS para el personal CAS). Sin plantear una alternativa sobre las pensiones y la CTS.

Por Leonardo Serrano Zapata.

La declaración del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sobre las pensiones de los maestros jubilados y cesantes y el 100% de CTS al personal CAS, abre un debate que va mucho más allá de una disputa entre el Ejecutivo y el Congreso.

Cuba fue contundente al señalar que no existe manera de que el Gobierno cumpla normas que, a su juicio, fueron aprobadas ilegalmente y que vulneran la Constitución. El argumento central es conocido: el Congreso no puede asumir iniciativa de gasto y comprometer recursos públicos sin considerar la sostenibilidad fiscal.

Pero aquí aparece el primer problema. Durante años, los maestros jubilados y los trabajadores CAS han escuchado promesas sobre una pensión digna mientras y la compensación por tiempo de servicio, mientras tanto sus ingresos pierden capacidad adquisitiva. No estamos hablando únicamente de cifras en una hoja de cálculo, sino de personas que dedicaron décadas al servicio educativo y que ahora reclaman que el Estado cumpla con una deuda social.

Ya advertimos en anteriores columnas sobre el riesgo de comprometer la caja fiscal con decisiones que no tengan respaldo presupuestal. La discusión sobre una pensión digna para los maestros no puede convertirse en una competencia de populismo entre poderes del Estado. Tampoco puede resolverse simplemente diciendo que “no hay plata”.

El conflicto como anunció el ministro, irá al Tribunal Constitucional, en un contexto en el que el Colegio de Economistas de Lima viene impulsando acciones de inconstitucionalidad contra normas vinculadas al gasto público y al régimen de pensiones de docentes y policías.

Además, existe una pregunta que el Gobierno debería responder con absoluta claridad: si considera que estas normas son inconstitucionales, ¿Cuál será su propuesta alternativa para mejorar las pensiones? Porque decir “no va” puede ser políticamente contundente, pero no constituye una política pública.

Una semana antes de la declaración del 16 de julio en Cuarto Poder el ministro de economía hablaba de encontrar una salida al tema de las pensiones de los docentes. Sin embargo, esto no fue mencionado. ¿El gobierno cambió de postura?

La gestión de Keiko Fujimori acaba de comenzar y tiene una oportunidad para ordenar esta discusión. No sería prudente permitir que las pensiones sean utilizadas otra vez como moneda política por el Congreso.

Elmer Cuba tiene razón en advertir sobre el equilibrio fiscal. Pero el Gobierno también debe demostrar que detrás de la defensa de la caja fiscal existe una alternativa concreta para quienes esperan una jubilación que les permita vivir con dignidad. De momento no se hace pública otra alternativa.

DATO:

Mediante la Resolución Ministerial N.° 466-2026-MINEDU, el Ministerio de Educación designó a Miriam Zuloeta Seclén como jefa de la Oficina de Gestión del Desarrollo y la Capacitación de la Oficina General de Recursos Humanos del MINEDU. La designación se produce pese a que EPSEL mantiene una demanda por daños y perjuicios en su contra ante el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. En este proceso, mediante la Resolución de Gerencia General N.° 000065-2025-OTASS-GG, del 23 de septiembre de 2025, el OTASS le otorgó defensa legal. Dicha resolución fue suscrita por María Teresa Cornejo Ramos, entonces gerente general del OTASS.