Renuncia como refugio de la ministra María Esther Cuadros, una huida que no clausura el escánda
La profesora María Esther Cuadros Espinoza renunció al Ministerio de Educación el 2 de julio, horas antes de que el Congreso revisara la denuncia constitucional en su contra por el caso Sunedu.
Por Leonardo Serrano Zapata
La política peruana tiene una predilección por los finales abruptos: renuncias que se presentan como decisiones motivadas por «razones personales», como señalan otros medios, pero que, en el fondo, pueden interpretarse como intentos de eludir el escrutinio público. La salida de María Esther Cuadros del Ministerio de Educación (MINEDU), presentada este 2 de julio, horas antes de que el Congreso evaluara la denuncia constitucional en su contra por el caso Sunedu y el pedido de inhabilitación por cinco años formulado por la congresista Tania Ramírez, difícilmente puede entenderse como un gesto de hidalguía. Más bien, se asemeja a una maniobra de repliegue táctico.
Cuadros asumió la titularidad del sector el 17
de marzo de 2026 y dejó el despacho tras poco más de tres meses de gestión. Sin
embargo, su salida no constituye un hecho aislado. Antes fue viceministra de
Gestión Pedagógica durante dos años y dos meses (2023-2026) y acumula casi tres
décadas de servicio en diversas dependencias del ministerio.
Carta de renuncia al cargo de ministra de Educación
En su carta de dimisión agradece la confianza
del presidente José María Balcázar y dedica palabras a los docentes. Sin
embargo, durante su gestión negó la posibilidad de acreditar un segundo título
profesional y una segunda especialidad obtenidos antes del nombramiento en el
proceso de Ascenso de Escala 2026. También
agradece al personal del MINEDU, pese a haber evitado reunirse con los
trabajadores CAS para atender sus demandas laborales. Son contradicciones que
difícilmente pasarán desapercibidas.
La carta también omite toda referencia al caso
Sunedu, origen de la denuncia constitucional que le atribuye presuntas
infracciones a los artículos 16, 39, 51, 119 y 128 de la Constitución, además
de solicitar su eventual inhabilitación por cinco años.
La
controversia de SUNEDU gira en torno a la Resolución Ministerial N.°
338-2026-MINEDU, que recortó el mandato del superintendente Vicente Espinoza
Santillán. Para ello, la Oficina General de Asesoría
Jurídica del MINEDU cambió su criterio: en diciembre de 2025 descartó la figura
de los «periodos complementarios» y seis meses después, durante la
gestión de Cuadros, la validó, interpretación que permitió la
designación de Policarpio Chauca Valqui, vinculado al Partido Morado.
Este patrón también se observa en otros
episodios: el nombramiento de Ebert
Hernán Ordinola Ramírez como secretario general, pese a los cuestionamientos
sobre la calidad y veracidad de los diplomados que sustentaban parte de su
trayectoria; su permanencia en el cargo; el respaldo, sin
mayor transparencia, a la candidatura de Mery
Tairo Urbano, amiga de infancia de la expresidenta Dina Boluarte, para
integrar el Consejo Nacional de Educación (CNE) durante el periodo 2023-2026;
la posterior designación de los integrantes del CNE para el periodo 2026-2029;
y la intervención en la conformación de la mayoría de las comisiones
organizadoras de universidades públicas.
Respecto de
la actual presidenta del CNE, Ada Lucía Gallegos Ruiz, el medio La
Última publicó, el 8 de febrero de 2026, un reportaje que advertía
una presunta incompatibilidad de funciones por desempeñarse simultáneamente
como asesora del SINEACE y directora ejecutiva de la Asociación de
Universidades del Perú (ASUP). A ello se suman la suscripción del Convenio N.°
029-2026-MINEDU con la Universidad Continental, los viajes oficiales de la
exministra a España e Italia mientras persistían limitaciones presupuestarias
para becas y, finalmente, la designación de Ordinola como líder sectorial
ante la comisión encargada de supervisar la adhesión del Perú a la OCDE
mediante la Resolución Ministerial N.° 363-2026-MINEDU. ¡Qué lujo! Nuestra
adhesión promete.
¿Es legítimo renunciar? Sin duda. Lo
cuestionable es utilizar la dimisión para eludir la rendición de cuentas. El
Congreso puede continuar el procedimiento contra Cuadros, aunque ya no ocupe el
cargo, y el Poder Judicial mantiene competencia para resolver la demanda de
amparo presentada por Vicente Espinoza Santillán, representante de la SUNEDU.
Fuentes de Palacio de Gobierno señalan que el
reemplazo de Cuadros podría recaer en el viceministro de Gestión Pedagógica,
Gerber Sergio Pérez Postigo, o en Alonso Tenorio Trigoso, actual secretario
general del Despacho Presidencial.
El gobierno Keiko Fujimori que asumirá
funciones el 28 de julio heredará un ministerio fracturado y una compleja
agenda de transferencia, aún pendiente en diecinueve ministerios. Tendrá la
responsabilidad de esclarecer lo ocurrido con la designación en la Sunedu,
auditar el proceso de conformación del actual Consejo Nacional de Educación
2026-2029, modificar la norma de Ascenso de Escala 2026, entre otros temas.
La ciudadanía, por su parte, continúa
esperando respuestas. La salida de la ministra pone fin a su gestión, pero no
al escándalo. En la administración pública, los cargos son temporales; la
responsabilidad por los actos de gobierno permanece sujeta al escrutinio
institucional.
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