La frágil meritocracia: José María Balcázar en el banquillo, Erbert Ordinola secretario general del MINEDU con diplomas sin valor oficial.
El gobierno del
presidente Balcázar aplica el rigor académico solo hacia abajo. Los docentes
cargan con exigencias cada vez más duras. Los altos funcionarios, en cambio,
acceden a sus cargos con credenciales que nadie verificó a tiempo. Esta
desigualdad no es un detalle administrativo. Es una señal sobre qué tipo de
mérito premia hoy el Estado peruano
El docente frente a la norma
Más detalles en:
https://www.pasosperdidos.org.pe/2026/04/el-gobierno-de-jose-maria-balcazar_01545524103.html
Erbert Hernán Ordinola Ramírez el 10 de junio asumió la
Secretaría General del MINEDU con un sueldo mensual del S/. 25,000.00 soles.
Antes, entre el 18 de marzo y el 10 de junio de 2026, dirigió el Gabinete de
Asesores del ministerio. Su hoja de vida incluye tres diplomados de 240 horas
cada uno. Los tres certificados llevan la misma fecha de firma. Los tres cursos
se dictaron en apenas dos meses. Según la empresa IPERAG.SAC, actualmente se
ofrecen a 3 x 60 soles (20 soles cada diploma).
Ninguno cuenta con el aval de una universidad o instituto superior, no tienen valor oficial. Pese al nombre Instituto Peruano de Gestión Gubernamental (IPERAG), no es una casa superior de estudios.
S/ 390,000 cobrado por Ordinola y un diplomado sin registro
Antes de dirigir
el Gabinete de Asesores, Ordinola trabajó como consultor FAG en el
Viceministerio de Gestión Pedagógica. Recibió un honorario mensual de 15,600
soles, desde el 8 de febrero de 2024 hasta el 18 de marzo de 2026. Si el MINEDU
pagó únicamente meses completos, el monto total asciende a 390,000 soles. La
entonces viceministra de Gestión Pedagógica y hoy ministra, María Esther
Cuadros Espinoza, dio conformidad a ese servicio. El diplomado “Derecho
Administrativo y procedimiento administrativo sancionador” exigido para ese
contrato es, precisamente, el que CEPEG no reconoce en su sistema´
La plataforma oficial de verificación de CEPEG (https://cepeg.pe/certificados.php) arrojó que el DNI 15954628, correspondiente a Erbert Ordinola, secretario general del MINEDU, «no se encontró en el sistema de certificados digitales».
Uno de esos
diplomados, sobre derecho administrativo y procedimiento sancionador, indica
como emisor a la empresa CEPEG. Ese certificado no figura en el sistema de
verificación de CEPEG. El MINEDU debía comprobar esa validez antes de aceptar
el documento como mérito. Este medio consultó al Instituto Federal do Rio de
Janeiro y al Colegio Regional de Licenciados en Administración de Ica sobre su
relación con CEPEG. Hasta el cierre de esta nota, ninguna institución
respondió.
Este no es el primer caso de flexibilidades en la
gestión de María Esther Cuadros. La antecesora de Ordinola en el cargo, Doris
Lorena Gavilano Iglesias, sustentó su experiencia directiva con una constancia
de la empresa Global Trade & Logistic S.A.C. Firmó ese documento quien
entonces era su esposo. Según los registros de SUNAT consultados para esa nota
anterior, la empresa no reportó ningún trabajador. Para mayor detalle: LorenaGavilano Iglesias, secretaria general del MINEDU negó defensa a Violeta Beas yacreditó experiencia con constancia firmada por su exesposo - Lima Gris
El presidente, el doctorado y los contratos por cercanías
El otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa al presidente José María Balcázar
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión otorgó al presidente Balcázar el título de Doctor Honoris Causa. Esa universidad solicitó, en paralelo, un financiamiento de 250 millones de soles al Estado. El Congreso aprobó un crédito suplementario de 1,260 millones de soles. Esta coincidencia entre honor y solicitud de fondos merece una investigación del Ministerio Público.
El mismo entorno presidencial contrató al abogado Jimmy Cornejo Custodio, por 30,000 soles, para labores de asesoría en la Oficina General de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno. Su sobrino, Diego Cornejo Cachay, de 24 años, ingresó a la subprefectura de Chiclayo. La audiencia del juicio oral contra el presidente Balcázar, prevista para el 30 de junio, quedó suspendida a pedido de su abogado, William Tantajulca.
Estos hechos, en conjunto, muestran un patrón. El Estado
peruano pide certificaciones verificables al docente que busca ascender. El
mismo Estado acepta diplomados sin aval académico cuando el candidato ocupa un
cargo de confianza. Esta diferencia debilita la meritocracia como principio de
gestión pública. También erosiona la confianza de los maestros en las reglas
que se les imponen.
El predictamen de crédito suplementario aprobado dejó fuera a los trabajadores bajo el régimen CAS, pese a que el MINEDU cuenta con presupuesto disponible para atender ese beneficio.
La ministra María Esther Cuadros Espinoza debe explicar
por qué su gestión aceptó como mérito un diploma que la propia empresa emisora
no reconoce en sus registros. El Ministerio Público debe investigar estos
hechos. Quizás la cámara de diputados deba citarla para que rinda cuenta ante
el legislativo por esto, por
la propuesta de Mery Tairo Urbano, amiga de la ex presidente Dina Boluarte en
Consejo Nacional de Educación. 2023-2026, entre otros.
El 27 de marzo
de 2026, mediante la Resolución Ministerial N.° 188-2026-MINEDU, la ministra
Cuadros designó a Erbert Ordinola Ramírez como representante del MINEDU en el
Directorio de la Derrama Magisterial. Desde esa fecha, Ordinola comparte la
gestión de esa institución con un conjunto de miembros que, en su mayoría, son
docentes de aula y miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación
del Perú (SUTEP). A puertas de celebrarse el Día del Maestro en el Perú, el 6
de julio, cabe preguntarse qué opinión les merece este caso al secretario
general del SUTEP, Lucio Castro, a la profesora Olga Morán Araujo, y al resto
del directorio de la Derrama Magisterial. Ellos administran los fondos y los
servicios previsionales de miles de maestros. Ahora comparten esa
responsabilidad con un funcionario cuyas propias credenciales académicas están
bajo cuestionamiento.
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