Alfredo León Sánchez y Mery Tairo Urbano: las cuestionadas designaciones al Consejo Nacional de Educación por la ministra Esther Cuadros Espinoza.
Dos nombramientos propuestos por la actual ministra de Educación cuando se desempeñaba como viceministra de gestión pedagógica durante la gestión del exministro Morgan Quero en el gobierno de Dina Boluarte.
Por Leonardo Serrano Zapata.
“Mientras más cerca se está de la vaca, más cerca se está de la leche”.
Un dicho popular que ilustra bien lo que
ocurre con ciertas decisiones que se fraguan desde Palacio de Gobierno o desde
los ministerios.
Los informes del comité evaluador de ambas designaciones —la de Alfredo León Sánchez y la de Mery Tairo Urbano— comparten la misma numeración: Informe N.° 001-2025, pese a haber sido emitidos el 19 de marzo y el 13 de junio de 2025 respectivamente.
Dos documentos oficiales con idéntica
numeración y casi tres meses de diferencia es una irregularidad administrativa
difícil de ignorar. El comité estuvo integrado por María Esther Cuadros
Espinoza —entonces viceministra y hoy ministra de Educación—, Cecilia García
Díaz y Lorena Gavilano Iglesias secretaria
general del Ministerio desde el 1 de mayo de 2024, bajo la gestión del
entonces ministro Morgan Quero.
La designación de Alfredo León Sánchez en el CNE.
El 21 de marzo de 2025, el Ministerio de Educación oficializó la designación de Alfredo Hermenegildo León Sánchez, director de ONDEC (Oficina Nacional de Educación Católica) como miembro del Consejo Nacional de Educación (CNE) mediante la Resolución Ministerial N.° 134-2025-MINEDU, para completar el período 2023-2026.
El proceso se desarrolló en menos de una semana efectiva y contó con solo dos postulaciones: Judy Rivas O'Connor y Alfredo León Sánchez. A diferencia de la convocatoria de Mery Tairo. El propio comité reconoció deficiencias en la publicación de la convocatoria, lo que obligó a ampliar el plazo hasta el 18 de marzo mediante una fe de erratas. La convocatoria es de acceso público y puede consultarse en el portal del Ministerio.
Ambos candidatos fueron evaluados el 19 de marzo. Judy Rivas O'Connor contaba con licenciatura en Educación Inicial, segunda especialidad en Comunicación y Matemática, grado de maestría en Gestión Pública y experiencia acreditada en el sector educación. Alfredo León Sánchez es licenciado en Psicología, egresado de maestría y con una segunda carrera en curso. El nivel de formación concluida era objetivamente mayor en el caso de Rivas O'Connor.
Sin embargo, ese criterio no fue determinante. El Informe N.° 001-2025 del comité presidido por Cuadros Espinoza justificó la elección de León Sánchez señalando que los miembros del CNE son en su mayoría licenciados en educación y que "ninguno de ellos es un profesional de Psicología (…) cuenta con experiencia profesional ligada al deporte". Eso bastó. La trayectoria y los grados académicos de Rivas O'Connor quedaron en segundo plano.
El problema es que ese criterio no figuraba en las bases de la convocatoria ni fue comunicado a los postulantes. Su incorporación en la etapa final modificó el sentido de la evaluación y habría sido una justificación construida a la medida del resultado.
¿Inconsistencia
o memoria selectiva?
Lo que llama la atención es que ese mismo argumento —incorporar perfiles distintos a los predominantes (Licenciados en educación)— no fue aplicado meses después cuando se designó a Mery Tairo Urbano. El comité pasó por alto que Tairo no posee licenciatura universitaria en educación sino título de instituto pedagógico, dato que el propio informe consignó de manera inexacta. El criterio que sirvió para desplazar a una candidata con mayor formación fue ignorado cuando ya no resultaba conveniente aplicarlo.
La designación de Mery Tairo Urbano: una investigación que no avanza
En junio de 2025, Cuadros Espinoza promovió la
designación de Mery Tairo Urbano al CNE en un proceso con una sola postulación
y cuestionamientos sobre la difusión de la convocatoria. Desde agosto de ese
año, la denuncia N.° OTEPA2025-INT-0768445 está en trámite en el
Ministerio sin avances conocidos.
Un dato relevante: Lorena Gavilano Iglesias,
quien integró el comité evaluador en ambos procesos, es también la funcionaria
responsable de designar al titular de la Secretaría Técnica que debería
investigar el caso.
A ello se suma que Tairo Urbano y la
expresidenta Dina Boluarte estudiaron juntas en la escuela primaria, vínculo
que, sin implicar irregularidad por sí solo, forma parte del contexto que exige
una revisión transparente.
Los dos procesos revelan un patrón: criterios
que cambian según el caso, convocatorias con escasa difusión y una
investigación interna que no avanza. La legitimidad del Consejo Nacional de
Educación depende de la solidez de sus procesos de selección. Sin reglas claras
y aplicadas de manera uniforme, esa legitimidad queda en entredicho.
¿Otro ministro(a) de Educación?
Fuentes en el Congreso y Palacio de Gobierno señalan que la ministra Cuadros Espinoza tendría los días contados. La presión por alcanzar consensos para el voto de confianza obligaría al encargado de palacio José Balcázar a ceder algunas carteras ministeriales, y Educación sería una de ellas.
De confirmarse el cambio, quedaría pendiente dos preguntas: ¿qué pasará con la denuncia N.° OTEPA2025-INT-0768445 que hoy duerme en los archivos del Ministerio? ¿También se va la secretaria general de Minedu?
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